Imputaron a 18 personas por una asociación ilícita vinculada al narcotráfico
La Fiscalía atribuyó distintos roles dentro de una organización criminal con base en Ludueña, Empalme Graneros e Industrial. Todos quedaron en prisión preventiva.
Dieciocho personas fueron imputadas en el Centro de Justicia Penal de Rosario como integrantes de una asociación ilícita que, según la Fiscalía, funcionaba en los barrios Ludueña, Empalme Graneros e Industrial y tenía como actividad central la comercialización organizada de estupefacientes, además de estar vinculada a distintos hechos de violencia armada.
Las audiencias se desarrollaron el viernes 4 y continuaron el martes 9 de septiembre en la sala 8 del Centro de Justicia Penal. El juez de Primera Instancia Hernán Postma tuvo por formalizadas las imputaciones y dispuso para todos los acusados prisión preventiva efectiva hasta el 4 de mayo de 2027.
La acusación fue presentada por las fiscales Mercedes Banchio, Marisol Fabbro y Marina Vigo, junto al fiscal Diego Giro. De acuerdo con la investigación, la organización funcionaba al menos desde enero de 2024 y mantenía una estructura estable, con distintos niveles de conducción, administración, logística, venta de drogas y ejecución de hechos violentos.
Francisco R. fue imputado como miembro de asociación ilícita en carácter de jefe y también por comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. La Fiscalía sostiene que continuaba impartiendo órdenes desde la prisión luego de su detención y que su hijo, Ezequiel R., le consultaba sobre la marcha de la organización.
Ezequiel R. fue acusado como organizador de la estructura criminal. Según los fiscales, tenía un rol central en la transmisión de las directivas emanadas de su padre, coordinaba la operatividad de la banda en los barrios bajo su influencia y administraba la recaudación. También habría definido quiénes debían realizar cobros y ordenado pagos semanales a integrantes de la estructura.
La Fiscalía atribuyó a Irina B., Nicolás G., Pablo M., Maximiliano G., Juan Cruz G. y Kiara R. participación como miembros de la asociación ilícita y, además, intervención necesaria en el comercio de estupefacientes agravado.
Kevin E., Gabriel S., Xavier G. y Luciano G. fueron imputados como miembros de la asociación ilícita y partícipes secundarios del comercio de estupefacientes agravado. En tanto, Andrés A., Martín C., Priscila G., Alan G., Tomás C. y Yair D. fueron acusados como integrantes de la organización criminal.
La hipótesis fiscal sostiene que el grupo buscaba obtener ganancias mediante una multiplicidad de delitos y, al mismo tiempo, consolidar control territorial en zonas del noroeste rosarino. Para ello, habría recurrido a amenazas, usurpaciones, ataques armados y otros hechos violentos destinados a sostener la actividad de venta de drogas y desplazar a grupos rivales.
Según la acusación, el microtráfico constituía uno de los principales objetivos de la organización. La comercialización se realizaba en puntos fijos y también bajo modalidades de venta al menudeo, con una estructura interna encargada de custodiar los lugares, controlar a los vendedores, administrar el dinero y asegurar el abastecimiento de sustancias.
Nicolás G. fue señalado como uno de los principales asistentes dentro de la estructura y habría tomado el control operativo fuera de la cárcel luego de la detención de Francisco R. La Fiscalía le atribuyó la gestión de puntos de venta ubicados en Felipe Moré y French y en French y San Jerónimo, hasta su detención en abril de 2025 en una causa por el homicidio de Agustín Rosales, donde fue imputado como instigador.
Tras esa detención, Juan Cruz G., Maximiliano G. y Pablo M. habrían asumido el manejo de varios de esos puntos de comercialización. En el caso de Pablo M., también se le atribuyó el reclutamiento de personas para trabajar en los puestos de venta y la ejecución personal de ataques armados contra personas y viviendas.
Kevin E., por su parte, habría actuado bajo órdenes de Nicolás G. y tuvo, según la Fiscalía, tareas de control, custodia y rendición de cuentas sobre puntos de venta. También fue relacionado con ataques contra personas a quienes la organización pretendía usurpar viviendas, integrantes de bandas rivales o personas que se negaban a participar de la comercialización de drogas.
Irina B. fue señalada como una de las responsables de la recaudación, administración y fiscalización del dinero generado por los distintos puntos de venta. La acusación sostiene que recibía rendiciones de ganancias, incluso mediante transferencias bancarias o virtuales, y mantenía control sobre los movimientos de fondos entre distintos integrantes.
Kiara R. habría tenido a su cargo el control de puntos de venta mediante cámaras de seguridad y grupos de WhatsApp en los que se recibían alertas sobre la presencia policial en la zona. También se le atribuyó la gestión de líneas telefónicas utilizadas por otros miembros para desarrollar actividades vinculadas a la organización.
Priscila G. fue sindicada como encargada de controlar y gestionar a personas, principalmente mujeres, destinadas a mantener operativos los puntos de venta. Gabriel S., en tanto, habría participado directamente en la comercialización de drogas y supervisado a los denominados “soldaditos”, controlando la cantidad vendida y las rendiciones de dinero.
Xavier G. fue señalado como responsable de supervisar la venta al menudeo en inmediaciones de calle French y de proveer dosis ya fraccionadas para su comercialización. Luciano G. habría colaborado en la logística y en la recaudación del dinero obtenido en los búnkeres controlados por la organización.
Andrés A. fue acusado de tener bajo su guarda armas de fuego de guerra y dinero proveniente de la actividad ilícita, elementos que quedaban a disposición de la estructura cuando eran requeridos. Según la información fiscal, fue capturado en Buenos Aires a la salida de un local bailable de San Telmo.
Uno de los puntos particulares de la investigación involucra a Martín C., abogado de Francisco R. La Fiscalía sostiene que, excediendo su función profesional, habría facilitado comunicaciones entre el detenido y personas del exterior mediante visitas, envío de mensajes y triangulación de llamadas telefónicas.
Para los fiscales, esa operatoria permitió que Francisco R., alojado en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz y considerado interno de alto riesgo, pudiera mantener contacto con miembros de la organización y continuar impartiendo directivas hacia el territorio. Martín C. fue aprehendido el 31 de agosto de 2026 en la vía pública, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La acusación también atribuye a Alan G., Tomás C. y Yair D. participación en ataques armados contra personas y viviendas. Alan G. y Yair D. fueron vinculados al homicidio de Agustín Rosales, mientras que Tomás C. fue relacionado con los homicidios de Meza y Sosa.
De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación, la organización no se limitaba al narcotráfico. También habría estado vinculada a homicidios, portación ilegal de armas de fuego, abuso de armas, amenazas, encubrimientos y distintos hechos destinados a mantener control territorial y garantizar la continuidad de los puntos de venta.
La Fiscalía sostiene que existía un acuerdo criminal estable entre los integrantes, con división de tareas y continuidad en el tiempo. Según la hipótesis, incluso después de distintas detenciones, otros miembros asumían funciones para evitar que se interrumpiera el funcionamiento de la estructura.
Con la prisión preventiva dispuesta para los 18 imputados, la causa continuará con el análisis de comunicaciones, movimientos de dinero, secuestros y otros elementos incorporados durante la investigación. La acusación buscará determinar además el grado de participación de cada integrante en los hechos violentos y en la estructura de comercialización de estupefacientes que operaba en el noroeste de Rosario.
