El Gobierno impulsa reformas al Código Aduanero y al mercado inmobiliario

El Ejecutivo nacional busca avanzar, tras el receso invernal, con dos proyectos orientados a profundizar la desregulación económica y reducir regulaciones en sectores estratégicos.

El Gobierno nacional prevé impulsar, una vez finalizado el receso invernal, una reforma integral del Código Aduanero y un proyecto para modificar el funcionamiento del mercado inmobiliario. Ambas iniciativas forman parte de la estrategia de desregulación económica promovida por la administración del presidente Javier Milei y cuentan con el impulso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Los proyectos se suman a otras propuestas que el Ejecutivo pretende llevar al Congreso, entre ellas la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la iniciativa sobre Zonas Frías y la reforma electoral. El objetivo oficial es avanzar en cambios estructurales destinados a reducir regulaciones y simplificar distintos sectores de la economía.

En el caso del mercado inmobiliario, la propuesta apunta a modificar el régimen vigente para el corretaje. Según trascendió, el proyecto busca que la actividad deje de ser considerada una profesión liberal y pase a ser un servicio de intermediación comercial. Entre los cambios previstos figuran la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en colegios profesionales, el fin de las restricciones geográficas para operar entre distintas jurisdicciones y la reducción de las facultades sancionatorias de esas entidades.

La iniciativa recibió aportes de referentes del sector privado, entre ellos Jorge Amoreo Casotti, CEO de la firma Proptech Pint, quien sostiene que el corretaje inmobiliario debe ser considerado una actividad comercial y no una profesión regulada. Sus planteos ya comenzaron a generar debate dentro del ámbito inmobiliario, especialmente entre los colegios profesionales y las entidades que representan a los corredores.

En paralelo, el Gobierno trabaja sobre una reforma del Código Aduanero que buscará simplificar procedimientos, reducir la burocracia, agilizar el ingreso y egreso de mercaderías y revisar el tratamiento legal del delito de contrabando. De acuerdo con fuentes vinculadas al organismo aduanero, el proyecto también contempla una reorganización de los controles y cambios en la estructura operativa.

Las propuestas despertaron cuestionamientos por parte del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), que advirtió que una reforma sin la participación de los trabajadores podría afectar los mecanismos de fiscalización y control. Desde la organización gremial también señalaron que el comercio exterior debe analizarse considerando el rol estratégico que cumple la Aduana en la regulación y protección del interés nacional.

Asimismo, el sindicato manifestó coincidencias con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios respecto de la necesidad de reforzar los controles fronterizos para combatir el comercio ilegal y el contrabando, al considerar que estas prácticas generan un fuerte impacto sobre la industria nacional y la recaudación fiscal.


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