La Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno por el financiamiento universitario
El máximo tribunal desestimó una queja del Poder Ejecutivo en la causa iniciada por las universidades nacionales. El rector de la UNR, Franco Bartolacci, destacó el fallo y pidió el cumplimiento de la ley.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Estado por la aplicación del Decreto 759/25. El máximo tribunal consideró que el recurso extraordinario no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable, requisito exigido por la legislación vigente.
Según la decisión de la Corte, el recurso extraordinario cuya denegación parcial dio origen a la queja no cumplía con las condiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 48, que regula el acceso a la instancia extraordinaria ante el máximo tribunal.
La causa judicial fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional junto con otras entidades universitarias en el marco del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales y las diferencias surgidas con el Gobierno en torno a la aplicación del Decreto 759/25.
El fallo se conoce semanas después de que el Gobierno nacional alcanzara un acuerdo salarial con la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que permitió establecer un incremento para el sector. Sin embargo, la decisión de la Corte modifica el escenario judicial en torno al conflicto por el financiamiento del sistema universitario.
Tras conocerse la resolución, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, valoró el pronunciamiento del máximo tribunal y sostuvo que representa un paso importante hacia la normalización del sistema universitario.
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno se mantiene desde hace varios meses a raíz de las diferencias por la asignación de recursos presupuestarios y la actualización de las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio. Durante ese período, rectores, docentes, no docentes y estudiantes realizaron distintas movilizaciones en reclamo de mayores fondos para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.
Con esta resolución, la Corte Suprema dejó firme el rechazo a la queja presentada por el Estado en esta etapa del proceso, mientras la causa continúa su curso en el ámbito judicial.
