Imputaron a nueve policías por el brutal ataque a un detenido que terminó con graves quemaduras en Rosario
La Justicia acusó a efectivos de la Policía de Acción Táctica por tentativa de homicidio triplemente calificada, amenazas, falsedad ideológica, falso testimonio y encubrimiento. Según la investigación, un detenido fue rociado con alcohol y prendido fuego durante un procedimiento realizado en mayo de 2024. Ocho de los imputados quedaron en prisión preventiva efectiva.
Una de las causas más graves que involucra a integrantes de la Policía de Santa Fe tuvo este martes un importante avance judicial. En una audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, nueve efectivos policiales fueron acusados por distintos delitos vinculados a un violento episodio ocurrido durante un procedimiento de la Policía de Acción Táctica (PAT), en el que un detenido sufrió graves quemaduras que pusieron en riesgo su vida.
La audiencia se desarrolló en la Sala 10 y estuvo a cargo del juez de Primera Instancia, Rafael Coria, quien tuvo por formalizadas las imputaciones presentadas por la Fiscalía.
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 27 de mayo de 2024, alrededor de las 12.30, en una vivienda ubicada en Larrechea al 1900, en Rosario, en el marco de un procedimiento por flagrancia que incluyó aprehensiones y el secuestro de estupefacientes.
Según la investigación fiscal, mientras la víctima se encontraba detenida, reducida y en un estado de absoluta indefensión, uno de los suboficiales imputados habría tomado una botella con alcohol etílico y la habría vertido sobre su cabeza y rostro para luego prenderle fuego con un encendedor.
Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió graves quemaduras en el rostro, cuello, orejas, tórax y manos, además de severas lesiones en el sistema respiratorio que obligaron a una internación de aproximadamente 40 días en terapia intensiva.
La Fiscalía sostuvo que la conducta atribuida configura una tentativa de homicidio triplemente calificada por ensañamiento, alevosía y abuso de la función policial, al considerar que la agresión fue ejecutada contra una persona completamente reducida y sin posibilidades de defensa.
Los investigadores señalaron además que otros efectivos presentes habrían colaborado asegurando el perímetro del lugar y evitando cualquier posibilidad de auxilio o intervención de terceros, facilitando así la concreción del ataque y procurando posteriormente garantizar la impunidad de los involucrados.
Amenazas y presunto encubrimiento
La acusación también incluye amenazas de muerte contra otros tres detenidos que se encontraban en el procedimiento, quienes habrían sido intimidados por algunos de los policías imputados antes de ser trasladados.
Según la investigación, en el acta oficial del procedimiento se habría consignado que las quemaduras fueron consecuencia de una acción realizada por el propio detenido al intentar incendiar una mochila que contenía droga.
Sin embargo, pericias efectuadas posteriormente por Bomberos Zapadores concluyeron que la mochila secuestrada no presentaba daños compatibles con un proceso de combustión de las características descriptas en el acta policial.
Asimismo, algunos de los imputados fueron acusados de haber ratificado esa versión durante entrevistas realizadas ante la Fiscalía semanas después del episodio.
Los imputados y las medidas cautelares
Entre los acusados se encuentran efectivos señalados como presuntos autores, partícipes primarios, encubridores y responsables de omisiones funcionales.
Las imputaciones incluyen delitos de tentativa de homicidio triplemente calificada, amenazas coactivas, falsedad ideológica de instrumento público, falso testimonio agravado, encubrimiento agravado, omisión de persecución penal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tras la audiencia, el juez Coria dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para la mayoría de los imputados.
En tanto, una agente policial acusada de omisión de persecución penal e incumplimiento de los deberes de funcionario público recibió prisión preventiva domiciliaria hasta el 16 de agosto de 2026, además de la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los restantes imputados o con las víctimas.
Un chat de WhatsApp, clave en la investigación
Uno de los elementos probatorios incorporados a la causa surge de una pericia forense realizada sobre un teléfono celular secuestrado durante un allanamiento efectuado en octubre de 2024.
De acuerdo con la imputación, en un grupo de WhatsApp integrado por miembros de la PAT se habrían intercambiado mensajes que revelaban conocimiento sobre lo ocurrido durante el procedimiento y una posible responsabilidad de algunos de los efectivos involucrados.
La investigación continúa en etapa preparatoria mientras la Fiscalía reúne nuevas pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados en un caso que generó fuerte impacto institucional por la gravedad de los hechos atribuidos a funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones.
