Casación ratificó medidas de máxima seguridad para jefes narco de Rosario
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por las defensas de Ariel “Guille” Cantero, Esteban Alvarado, Mauro Novelino y Leonardo Airaldi, y confirmó los traslados y regímenes estrictos de detención en el penal federal de Ezeiza. La Justicia sostuvo la necesidad de reforzar el control sobre internos considerados de alto riesgo.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las medidas de máxima seguridad aplicadas a reconocidos jefes narco vinculados a Rosario y el sur santafesino, al declarar inadmisibles los recursos presentados por sus defensas contra traslados y restricciones impuestas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La decisión fue tomada por la Sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, quienes resolvieron rechazar los planteos formulados por Ariel Maximiliano Cantero, Mauro Nahuel Novelino, Leonardo Roberto Airaldi y Esteban Lindor Alvarado.
Entre las medidas confirmadas figuran restricciones en el régimen de visitas, incluyendo pedidos de visitas íntimas, y traslados a pabellones de máxima seguridad dentro del penal federal de Ezeiza.
Uno de los casos más relevantes es el de Esteban Alvarado, condenado a prisión perpetua por narcotráfico, homicidio, asociación ilícita y lavado de activos. El tribunal tuvo en cuenta antecedentes considerados de extrema gravedad, entre ellos un presunto plan de fuga en helicóptero detectado en 2023.
También permanece bajo estrictas medidas Ariel “Guille” Cantero, integrante de la banda “Los Monos”, quien cumple una condena de 23 años y seis meses por delitos vinculados al narcotráfico, amenazas y homicidios.
En tanto, Mauro Novelino, condenado a 35 años de prisión, fue señalado por liderar una organización criminal violenta que operaba en el sur santafesino y que, según las investigaciones, continuó desarrollando actividades ilícitas incluso desde la cárcel.
Por su parte, Leonardo Airaldi, ex dirigente rural, afronta un juicio por presunta financiación de maniobras de narcotráfico y por un supuesto plan para atacar a funcionarios judiciales, situación que también motivó su traslado a un régimen de mayor control.
Con estas resoluciones, la Cámara de Casación consolidó el criterio judicial de priorizar la seguridad pública y reforzar el control estatal sobre detenidos considerados de alto riesgo dentro del sistema penitenciario federal.
