Paro de 72 horas en el PAMI: médicos denuncian un “recorte encubierto” y se agrava la crisis

Profesionales de todo el país iniciaron una medida de fuerza en rechazo a una nueva resolución que, aseguran, reduce sus ingresos reales y deteriora las condiciones de atención a los afiliados.

La crisis en el PAMI suma un nuevo capítulo de tensión tras el inicio de un paro de 72 horas por parte de médicos de cabecera, quienes denuncian un “recorte encubierto” en sus ingresos a partir de la implementación de una reciente normativa.

La medida de fuerza, impulsada por profesionales que prestan servicios en todo el país, impacta en la atención habitual de miles de afiliados, en un contexto de creciente malestar por las condiciones laborales dentro del sistema.

El conflicto se profundizó luego de la publicación de la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el pasado 9 de abril, que según los médicos implica un fuerte ajuste en sus honorarios. Desde el sector sostienen que la disposición fue presentada como un “ordenamiento” del sistema, pero en la práctica modifica sustancialmente el esquema de trabajo y reduce la remuneración real.

Uno de los puntos más cuestionados es el aumento del valor de la cápita, que pasa a $2.100 por afiliado. Sin embargo, los profesionales advierten que se trata de una mejora “engañosa”, ya que viene acompañada por la eliminación de ingresos clave.

“No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico”, señalaron desde la entidad que los nuclea.

Entre los principales reclamos, detallan la eliminación del pago por consulta presencial —que permitía facturar hasta 140 atenciones mensuales—, la absorción de múltiples prestaciones dentro de un monto fijo y la quita de incentivos económicos vinculados a la formación y capacitación continua.

“Se cobra más por cápita, pero se pierde mucho más por lo que se elimina”, advirtieron. En ese sentido, explicaron que el nuevo esquema establece un pago fijo que debe cubrir la totalidad de la atención médica, incluyendo consultas, seguimiento y prácticas, lo que consideran insuficiente para sostener la actividad.

Desde el sector remarcan que el impacto es directo: “más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico”, una combinación que califican como “inviable” para mantener consultorios privados, que deben afrontar costos como alquileres, insumos y servicios.

La resolución también introduce modificaciones administrativas, como la actualización del nomenclador común y la aprobación de un esquema unificado para médicos de cabecera, con el argumento de “evitar la dispersión normativa”.

Además, deja sin efecto los incentivos económicos destinados a la formación de posgrado, bajo el argumento de que esos objetivos ya fueron cumplidos, una decisión que generó fuerte rechazo entre los profesionales. “Se exige más formación, pero se deja de reconocerla”, cuestionaron.

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión en el sistema de salud del organismo, con medidas de fuerza en curso y un reclamo que podría profundizarse si no hay respuestas oficiales en los próximos días.

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