El Ministerio Público Fiscal pidió 10 años de prisión para el exjuez Bailaque por una trama de corrupción judicial
Los fiscales federales presentaron tres acusaciones contra el exmagistrado Marcelo Bailaque por presuntos delitos de extorsión, lavado de dinero, dádivas y abuso de autoridad. También quedaron imputados su esposa y un escribano señalado como intermediario en maniobras extorsivas.
El Ministerio Público Fiscal presentó formalmente tres acusaciones contra el exjuez federal de Rosario Marcelo Martín Bailaque, en el marco de una compleja investigación por presuntos hechos de corrupción, extorsión, lavado de activos y abuso de poder durante su desempeño al frente del Juzgado Federal N°4.
Las acusaciones fueron impulsadas por fiscales de la PROCELAC, PROCUNAR, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Unidad Fiscal Rosario, quienes solicitaron además que todas las causas sean unificadas en un único juicio oral por la conexión entre los hechos investigados.
Actualmente, Bailaque cumple prisión domiciliaria.
Una trama de corrupción, extorsión y lavado
Según la acusación principal, Bailaque habría utilizado su cargo de juez federal para impulsar maniobras judiciales y fiscales contra empresarios rosarinos con el objetivo de extorsionarlos económicamente.
La investigación sostiene que, entre 2019 y 2024, el exmagistrado coordinó acciones junto al empresario Fernando Whpei, el escribano Santiago Busaniche y el ex titular de AFIP Rosario Carlos Vaudagna para perjudicar a dos empresarios y exigirles dinero a cambio de no avanzar en una causa penal.
De acuerdo a los fiscales, una de las víctimas llegó a entregar 160 mil dólares tras ser presionada mediante actuaciones judiciales y fiscales.
Contratos simulados y movimientos sospechosos
Otro de los hechos investigados apunta a presuntos pagos encubiertos que habría recibido Bailaque a través de contratos de alquiler simulados.
Según la fiscalía, el empresario Whpei le transfirió más de 5,7 millones de pesos mediante una mutual, utilizando como pantalla un supuesto alquiler de un inmueble propiedad del entonces juez en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia.
Además, se investiga una operación inmobiliaria realizada en un barrio privado de Funes, donde Bailaque y su esposa, Graciela Martínez Maulión, habrían incorporado fondos de origen ilícito mediante la compra de un lote valuado por debajo de su precio de mercado.
Acusaciones vinculadas al narcotráfico y fondos portuarios
Las restantes acusaciones involucran decisiones judiciales tomadas por Bailaque en causas sensibles vinculadas al narcotráfico y al manejo de fondos millonarios de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín.
En uno de los expedientes, los fiscales lo acusaron de haber retrasado deliberadamente investigaciones contra la organización narcocriminal liderada por Esteban Lindor Alvarado, favoreciendo a allegados del entramado delictivo.
También se le atribuye haber autorizado el desbloqueo de millonarios fondos judiciales que terminaron siendo operados financieramente por empresas y mutuales vinculadas al empresario Fernando Whpei.
“Gravedad institucional sin precedentes”
Los fiscales remarcaron que el caso representa uno de los hechos de corrupción judicial más graves registrados en la jurisdicción federal rosarina.
“La relevancia institucional que conlleva el rol que ocupaba Bailaque tornan este caso de una gravedad inusitada y sin precedentes”, sostuvo el fiscal Federico Reynares Solari.
Además del pedido de condenas, el Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de inmuebles, dispositivos electrónicos y bienes vinculados a las maniobras investigadas.
Ahora será la Justicia quien defina, en la audiencia de control de acusación, si las causas avanzan a juicio oral.
