Amenazas en escuelas: el Gobierno pide reforzar el diálogo familiar y advierte sobre sanciones

En una sola jornada se registraron 65 incidencias en establecimientos educativos de Santa Fe. Las autoridades remarcaron que las amenazas “no son una broma”, sino delitos que implican consecuencias penales y costos millonarios que podrán ser reclamados a los responsables.

El Gobierno de Santa Fe expresó su preocupación por el incremento de amenazas en escuelas y pidió reforzar el rol preventivo tanto en las familias como en la comunidad educativa. En una conferencia realizada en la Casa de Gobierno, funcionarios provinciales brindaron detalles sobre la situación y advirtieron que estas conductas, muchas veces vinculadas a mensajes o pintadas que simulan tiroteos, constituyen delitos con consecuencias legales y económicas.

La vocera provincial, junto a los ministros de Educación, José Goity, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín, encabezaron el encuentro en el que se insistió en la necesidad de abordar la problemática de manera integral.

Desde el Ministerio de Educación se convocó a equipos directivos, docentes y estudiantes a tratar el tema en las aulas e incorporarlo como una falta gravísima en los acuerdos de convivencia escolar. Asimismo, se solicitó a las familias fortalecer el diálogo en los hogares y prestar atención a conductas asociadas a desafíos virales que pueden derivar en este tipo de situaciones.

Goity señaló que los episodios recientes, como el ocurrido en una escuela de San Cristóbal, evidencian el impacto de estas prácticas, que “alteran el funcionamiento normal de las instituciones, generan angustia y afectan a toda la sociedad”. En ese sentido, destacó que se mantiene un monitoreo permanente en las nueve regionales educativas y que se enviaron pautas de actuación a escuelas y familias.

El ministro subrayó además que estas amenazas están tipificadas en el Código Penal y pueden tener consecuencias no solo para quienes las realizan, sino también para sus familias. En paralelo, destacó herramientas como el Programa de Educación Digital, orientado a promover un uso responsable de la tecnología, junto con espacios de escucha y capacitaciones.

Por su parte, Cococcioni informó que solo el viernes de la semana pasada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en toda la provincia, lo que activó protocolos de intervención en cada caso. Explicó que el abordaje se realiza en coordinación con organismos nacionales y el Ministerio Público de la Acusación, incluyendo medidas como el secuestro de dispositivos cuando corresponde.

El funcionario advirtió que, aun cuando los responsables sean menores no punibles, las actuaciones pueden dejar antecedentes con impacto futuro, como dificultades para obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar al exterior. Además, los adultos responsables pueden enfrentar medidas judiciales.

Finalmente, el Gobierno remarcó que este tipo de hechos encuadra en el delito de intimidación pública, con penas de prisión. También se anticipó que se avanzará en acciones judiciales para recuperar los costos de los operativos, que se estiman entre 5 y 6 millones de pesos por intervención. “Se buscará que esos gastos sean afrontados por los responsables identificados”, concluyó Cococcioni.

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