Condenan a personal de Gendarmería Nacional por abuso de autoridad, hurto agravado y coacciones
Santiago Hernán Romero recibió la pena más alta: 2 años y medio de prisión condicional e inhabilitación. Junto a otros tres colegas, abusaron de su autoridad, requisaron un vehículo sin causa y se apropiaron de dinero en efectivo. Luego, uno de ellos intentó coaccionar a las víctimas para que no denunciaran.
En un hecho que compromete la confianza en las fuerzas de seguridad, un juez federal condenó a cuatro integrantes de la Gendarmería Nacional por abuso de autoridad, hurto agravado y coacciones en perjuicio de una familia, incluyendo dos niños pequeños, durante un procedimiento irregular.
El juez federal Román Lanzón homologó este martes un acuerdo pleno y aplicó en un juicio abreviado una condena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional para el gendarme Santiago Hernán Romero. Además, recibió una inhabilitación especial por 5 años por ser coautor de abuso de autoridad y hurto agravado, y autor del delito de coacciones.
Durante la requisa, uno de los gendarmes se apoderó de una suma de dinero en efectivo que se encontraba en el interior del rodado. Inmediatamente después, los uniformados subieron a su camioneta oficial y abandonaron el lugar con el producto del ilícito.
La investigación, a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari, reveló que, tras la denuncia de las víctimas en un puesto de Gendarmería, Romero amenazó a la familia con la promesa de devolver el dinero a cambio de que retiraran la queja formal, lo que constituye el delito de coacciones.
Los otros tres gendarmes involucrados fueron condenados a 2 años de prisión condicional e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena. Todos los condenados deberán cumplir reglas de conducta durante dos años, incluida la prohibición de acercarse a las víctimas, y abonar la suma de $50.000 en concepto de reparación a la familia afectada.
El fiscal Reynares Solari destacó que el caso «plasma un cambio de temperamento institucional», reafirmando la competencia del fuero federal para intervenir en este tipo de conflictos donde se ve afectada la administración pública.
