Prisión preventiva para tres implicados en crímenes que sacudieron a la ciudad de Rosario en marzo de 2024
Están acusados de participar en homicidios, tentativa de homicidio, coacciones e intimidación pública. La Justicia los vincula con una serie de ataques organizados desde prisión.
Este martes 15 de abril de 2025, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se llevó a cabo una audiencia imputativa que concluyó con la prisión preventiva efectiva para Johana A., Maximiliano G. y Alejandro C., acusados de haber participado en una serie de hechos de extrema violencia ocurridos en marzo de 2024, entre ellos, los homicidios de Héctor Raúl Figueroa, Diego Celentano y Bruno Bussanich, además de un intento de homicidio contra un chofer de colectivos de la línea 122.
La audiencia fue llevada adelante por los fiscales de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti y Adrián Spelta, quienes describieron ante el juez Dr. Pérez de Urrechu una estructura criminal compleja y organizada, integrada por personas privadas de libertad, con conexiones externas que incluían tanto adultos como menores de edad.
Cargos gravísimos y un plan de terror
A Johana Soledad A., de 32 años, se le imputaron delitos de homicidio doblemente calificado (por el concurso premeditado de dos o más personas y por precio), uso de arma de fuego, participación de menores, intimidación pública y coacciones agravadas, todo en carácter de coautora. Su rol fue clave en la logística, coordinación y financiamiento de los hechos, incluida la entrega de $200.000 a los autores materiales de dos de los homicidios.
Por su parte, Maximiliano G. y Alejandro C. fueron imputados por los mismos delitos, incluyendo tentativa de homicidio agravado en el caso de Alejandro C., quien también participó directamente en un ataque contra un colectivo, disparando contra el conductor.
Según la investigación, los imputados formaban parte de un grupo criminal con fuerte liderazgo desde el interior del Servicio Penitenciario, cuyos integrantes, entre ellos Alejandro Isaías N., ordenaban ataques desde pabellones de alto perfil con la intención de amedrentar a la población y presionar políticamente al Gobierno provincial.
Terror como método
Los fiscales explicaron que los crímenes tenían como objetivo infundir miedo, paralizar servicios esenciales (como taxis, colectivos y estaciones de servicio) y coaccionar al Poder Ejecutivo Provincial para revertir restricciones carcelarias. Las víctimas fueron elegidas por su exposición pública y rol social, como taxistas, colectiveros y playeros de estaciones de servicio.
Los ataques fueron ejecutados por menores de edad, reclutados y armados por los miembros de esta red, a cambio de dinero. Las pruebas incluyen videollamadas desde la cárcel, pagos en efectivo, y mensajes amenazantes dejados en los lugares de los ataques, todos elementos que apuntan a un plan sistemático de violencia organizada.
La causa sigue abierta
Además de los tres imputados que recibieron prisión preventiva, la Fiscalía ya imputó a Brenda P., Gustavo M., Macarena M., Axel R., Raúl P., Joana G., José M. y Matías M., y continúa investigando a otros involucrados no identificados, incluyendo menores inimputables.
El caso representa uno de los expedientes más graves en materia de violencia organizada en Rosario, y pone de relieve el riesgo que implica la influencia del crimen organizado desde el interior del sistema penitenciario.
La prisión preventiva fue dictada por el plazo legal máximo, mientras avanza la investigación en busca de más pruebas y posibles nuevos implicados.
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