El hijo de un conocido gremialista fue condenado a prisión por atacar y amenazar a su expareja.
El sujeto fue hallado culpable de los delitos de «amenazas calificadas en concurso real con lesiones dolosas leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género».
El hijo del dirigente gremial Marcelo Andrada fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por golpear y amenazar de muerte a su expareja en enero de este año.
En un juicio abreviado, el juez de primera instancia Fernando Sosa condenó a Guido Joel Andrada de 27 años de edad a la pena única de tres años de prisión efectiva, consignaron hoy a Télam voceros judiciales.
Andrada fue hallado culpable de los delitos de «amenazas calificadas en concurso real con lesiones dolosas leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género».
Según la acusación de la fiscal Guillermina Torno, Andrada, quien es miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Recolección y Barrido de Rosario, cuyo padre, Marcelo Andrada, es a su vez secretario general, atacó a su expareja el 29 de enero pasado, cerca de la 1 de la madrugada, cuando se presentó en el domicilio donde ella vive.
En esa circunstancia, el ahora condenado «le causó lesiones golpeándola en las costillas», señaló la fiscal, quien añadió que posteriormente el ahora condenado «logró ingresar al domicilio y utilizando un arma blanca amenazó a la mujer para que eliminara una publicación que había realizado en una red social, al tiempo en que le manifestaba amenazadas de muerte».
Tras esas acciones, que fueron admitidas por el acusado, Andrada fue detenido por las fuerzas policiales esa misma madrugada, cuando estaba en el interior de su auto en la puerta de la casa de su exmujer.
En el juicio abreviado, salió a la luz una condena anterior -del 25 de septiembre de 2019- que pesaba sobre el acusado por portación ilegal de arma de guerra, que había sido atenuada con prisión condicional de dos años y seis meses por ausencia de un fin ilícito en calidad de coautor.
El juez Sosa homologó el acuerdo presentado por la parte acusadora y la defensa, unificó los hechos y dictó para el dirigente gremial una pena de tres años de cumplimiento efectivo.
