Piden 12 años de prisión para exjefe de los fiscales Patricio Serjal.
El ex jefe de fiscales está acusado de corrupción y de liderar una asociación ilícita para proteger el juego clandestino
Dos fiscales de Rosario pidieron una pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el exjefe de fiscales Patricio Serjal, quien es juzgado como acusado de liderar una asociación ilícita para proteger el juego clandestino, informaron fuentes judiciales.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery formalizaron el pedido de 12 años de prisión efectiva en una audiencia desarrollada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, previa a la elevación al juicio oral, consignaron a Télam voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Según la investigación, el exjefe de fiscales de Rosario, Serjal (44), detenido en agosto de 2020 y con prisión domiciliaria desde febrero de 2021, «lideró y organizó una asociación ilícita en concurso ideal, que tenía como objetivo usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos».
Los fiscales también acusan a Serjal por los delitos de «cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica de documento público agravado por su condición de funcionario público y en concurso real con peculado de servicios y omisión de persecución».
Por esos delitos pidieron que la pena de prisión sea efectiva y que además se le imponga a Serjal inhabilitación absoluta y perpetua y una multa de 90.000 pesos.
En la misma audiencia, los fiscales pidieron 5 años de prisión efectiva para Nelson Ugolini, un empleado de la fiscalía acusado de integrar la asociación ilícita, en carácter de autor.
Según la investigación, Ugolini era el nexo entre el jefe de fiscales Serjal y el fiscal de primer grado, Gustavo Ponce Asahad, ya condenado en un juicio abreviado al que llegó como imputado colaborador y aceptó la pena de tres años de prisión efectiva.
En esa misma causa otro integrante de la asociación ilícita que también fue condenado en un juicio breve es Leonardo Peiti, un empresario que contaba con una red de casas de juegos clandestinos y admitió haber pagado «coimas» a los fiscales Serjal y Ponce Ashad a cambio de información reservada y para «desviar» cursos de causas que lo incriminaban.
La red criminal cuyo liderazgo se le atribuye al exfiscal regional Serjal estaba integrada además por el comisario retirado de la policía de Santa Fe Alejandro ‘Pipi’ Torrisi, quien también admitió en un juicio abreviado integrar esa asociación ilícita y fue condenado a 3 años de prisión.
Otro de los imputados en la causa, a quien se le atribuyó controlar las casas de juegos ilegales y prestar dinero en cheques, fue David Alejandro Perona, quien murió por coronavirus en noviembre de 2020.
Para los fiscales del caso, «los miembros de la asociación ilícita, en sus distintos roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios en sus funciones».
También, «omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos», según la acusación a la que tuvo acceso Télam.
Por las pruebas que pudieron ser corroboradas por los investigadores, la organización tuvo una «duración temporal entre el 24 de abril de 2017 y hasta el 24 de julio 2020».
En la investigación fue mencionado el senador provincial Armando Traferri (PJ), quien para los fiscales Schiappa Pietra y Edery esta sindicado como miembro político de la asociación ilícita.
Amparado en los fueros legislativos, Traferri no se presentó a las requisitorias a indagatorias y ahora los fiscales aguardan el pronunciamiento de constitucionalidad o no de tales fueros por parte de la Corte Suprema de Santa Fe, donde interpusieron el recurso.
«Lo que creemos que vamos a obtener en el juicio, y por eso lo solicitamos, es que quede acreditado que efectivamente Serjal, junto con un grupo de funcionarios políticos y judiciales, construyeron una red de colaboradores que permitió que funcione una organización vinculada al juego ilegal muy próspera y que generaba mucho dinero que se repartía hacia distintos lugares», señaló al respecto el fiscal, Luis Schiappa Pietra.
En declaraciones a Radio2-Rosario, el fiscal indicó «que ese dinero fluía fundamentalmente en materia de corrupción de funcionarios públicos».
«Tenemos no solamente a Peiti explicando cómo es que aportaba el dinero sino que también el propio Ponce Asahad reconociendo que lo recibía», enfatizó el fiscal Schiappa Pietra.
