La CGT rechaza de plano el decreto de reducción de pago de indemnizaciones laborales

El consejo directivo de la CGT expresó hoy su «profundo rechazo» al decreto oficial 669/19, que modificó el cálculo de los montos de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva, muerte de los trabajadores comprendidos en la Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) 24. 557 o por enfermedades profesionales, señaló la central.

«El pueblo soporta un brutal ajuste y una significativa pérdida de poder adquisitivo por las devaluaciones y la inflación incontrolable, a lo que se suma la incesante pérdida de empleo y los indiscriminados aumentos de tarifas de servicios y transporte. Ello generó que las cifras de pobreza e indigencia alcanzaran niveles preocupantes», afirmó la CGT.

Un documento de la conducción obrera sostuvo esta tarde que a horas de la publicación de «esas lapidarias cifras, un insólito decreto modificó el cálculo de intereses hasta el cobro de los beneficios mediante la aplicación del Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), lo que genera un claro perjuicio a los trabajadores beneficiarios de indemnizaciones por accidentes laborales».

También indicó que el decreto oficial procura favorecer a «las empresas aseguradoras, licuando las actualizaciones entre la fecha del accidente y el efectivo pago de la sentencia, que suele demorar años», y añadió que «se desoyó el acuerdo parlamentario original que determinó como condición para aprobar el cambio de ley en 2017 la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación para abonar intereses hasta el cobro de los beneficios, por ser claramente más beneficiosa», puntualizó la central sindical.

La CGT enfatizó que «el gobierno adopta desde hace tiempo medidas que protegen a los sectores más poderosos, lo que ratificó hoy, ya que benefició a quienes se enriquecieron estos años por la especulación financiera en detrimento de los trabajadores asalariados».

La conducción sindical calificó a esa situación como «preocupante» e instó al Poder Ejecutivo a abandonar «las políticas de hambre, miseria y exclusión del tejido social».

Fuente: Telam


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