Nuevo régimen penal juvenil entra en vigencia y baja la imputabilidad a partir de los 14 años
Desde este sábado entra en vigencia la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil y permite juzgar a adolescentes desde los 14 años, con nuevas penas y medidas de resocialización.
Este sábado entrará en vigencia el nuevo régimen penal juvenil establecido por la Ley 27.801, que reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes podrán ser juzgados por determinados delitos y reemplaza el esquema vigente desde la década de 1980.
La norma, aprobada por el Congreso en febrero de este año, modifica la Ley 22.278 y establece nuevos criterios para abordar los delitos cometidos por menores de edad. Entre sus principales objetivos figura fomentar en el adolescente imputado el sentido de responsabilidad por sus actos y favorecer su educación, resocialización e integración social.
Con el nuevo régimen, los adolescentes de entre 14 y 17 años podrán ser juzgados por delitos y recibir penas de hasta 15 años, de acuerdo con las características y gravedad de cada hecho. Además, la normativa establece la responsabilidad civil de los progenitores por los ilícitos cometidos por sus hijos.
La ley mantiene algunas restricciones que ya estaban contempladas en el régimen anterior. Entre ellas, la prohibición de difundir nombres, sobrenombres, filiación, parentesco o lugar de residencia del adolescente imputado, así como fotografías u otros datos que permitan identificarlo.
Qué penas podrán recibir los adolescentes
El nuevo régimen incorpora un abanico de sanciones que no se limita a la privación de la libertad. Entre las medidas previstas se encuentran las amonestaciones, la prohibición de acercarse o mantener contacto con la víctima y su entorno, la prohibición de conducir vehículos y la restricción para concurrir a determinados establecimientos o espectáculos.
También podrán establecerse prohibiciones para salir del país o del lugar de residencia, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico mediante rastreador y reparación integral del daño causado a la víctima.
En los casos que corresponda, también podrán aplicarse penas privativas de libertad en el domicilio, en institutos abiertos o en establecimientos especializados de detención para adolescentes.
La normativa dispone además que los jóvenes privados de su libertad deberán permanecer en dependencias especialmente acondicionadas para menores y no podrán compartir alojamiento con personas mayores de edad.
Cuándo puede evitarse la prisión
Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es que contempla determinadas situaciones en las que puede evitarse una pena de prisión.
La primera posibilidad se presenta cuando la pena prevista no supera los tres años. La segunda alcanza a condenas de entre tres y diez años, siempre que el delito no haya provocado la muerte de la víctima ni implique una grave violencia física o psíquica y que el adolescente no registre otras condenas ni procesos penales en curso.
En estos casos, la ley establece que deberán aplicarse conjuntamente medidas destinadas a fortalecer la educación, el trabajo y la comprensión de la gravedad del hecho cometido, con el objetivo de favorecer la resocialización y el desarrollo personal.
Además, cuando el adolescente haya cumplido dos tercios de una pena de detención y reúna las condiciones previstas por el Código Penal para acceder a la libertad condicional, podrá continuar cumpliendo la condena mediante otra de las sanciones alternativas contempladas por la nueva normativa.
Sin embargo, si incumple de manera injustificada una pena alternativa impuesta por la Justicia, el juez podrá reemplazarla por otra sanción de mayor gravedad.
Educación, capacitación y reinserción
El régimen también establece que los adolescentes alcanzados por una condena tendrán derecho a acceder a programas educativos que les permitan completar sus estudios obligatorios.
A esto se suman programas de formación ciudadana, capacitación laboral y actividades deportivas, considerados instrumentos para favorecer la inserción social y reducir las posibilidades de reincidencia.
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, Argentina comienza así a aplicar un nuevo esquema penal específico para adolescentes, con una edad de imputabilidad más baja y un sistema que combina sanciones, medidas de control y herramientas orientadas a la educación y la reinserción social.
