Santa Fe alcanzó los 125 búnkeres de droga derribados desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico
La Provincia demolió un nuevo punto de venta de estupefacientes en Rosario y otros dos en Esperanza. Desde la implementación de la normativa impulsada en 2024, ya fueron inactivados 125 inmuebles vinculados al narcomenudeo en distintos puntos del territorio santafesino.

El Gobierno de Santa Fe alcanzó este jueves un nuevo hito en su lucha contra el narcomenudeo al concretar la demolición de tres inmuebles vinculados a la venta de drogas, elevando a 125 la cantidad de búnkeres derribados desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico.
Uno de los procedimientos se llevó a cabo en un inmueble ubicado en Castellanos al 2600, en la ciudad de Rosario, mientras que los otros dos operativos se desarrollaron de manera simultánea en la ciudad de Esperanza.
Las intervenciones fueron supervisadas por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de una estrategia conjunta que involucra además a la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.La Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura provincial en diciembre de 2023 y promulgada posteriormente por el gobernador Maximiliano Pullaro. Desde principios de 2024, la normativa permitió avanzar con el cierre definitivo y demolición de inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes.
Un trabajo que comienza con la denuncia vecinal
Durante el operativo, el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, destacó que cada demolición representa la culminación de un proceso que se inicia con la participación de los vecinos.
“Estos derribos son la consolidación de un procedimiento que comienza con la denuncia de los vecinos, continúa con la investigación y culmina con la demolición del inmueble. No hablamos únicamente de puntos de venta de drogas; hablamos de lugares asociados a la violencia, las balaceras, los homicidios y la degradación social de los barrios”, sostuvo.El funcionario detalló que el procedimiento realizado en Rosario corresponde al derribo número 71 dentro de la ciudad y al número 80 en todo el departamento Rosario. Con las dos intervenciones concretadas en Esperanza, la cifra provincial alcanzó los 125 inmuebles inactivados.
Investigación y detenciones
Por su parte, el fiscal César Cabrera explicó que la investigación se originó a partir de información recopilada por la Unidad Especializada en Microtráfico, alimentada principalmente por denuncias realizadas por vecinos a través del sistema de emergencias 911.
“Se cruzan datos, se verifica la actividad ilícita y posteriormente se realizan los procedimientos para detener a quienes desarrollan la venta minorista de estupefacientes”, indicó.
Según precisó el fiscal, en el lugar funcionaba una estructura precaria utilizada para la comercialización de drogas, mientras que la vivienda demolida era empleada para el acopio y resguardo de las sustancias.
Durante los allanamientos se secuestraron dosis de cocaína y marihuana destinadas a la venta en la zona, además de concretarse la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al funcionamiento del búnker.No obstante, Cabrera aclaró que los detenidos ocupaban los niveles más bajos dentro de la estructura delictiva y que aún no pudo establecerse con precisión a qué organización criminal respondían.
“Aún no se pudo determinar a qué estructura criminal pertenecían, aunque este tipo de actividades suele estar bajo la órbita de grupos con un mayor nivel de organización”, señaló.
Una política sostenida contra el narcomenudeo
Desde el Gobierno provincial remarcaron que los derribos forman parte de una política integral orientada a recuperar espacios utilizados para actividades ilícitas, reducir la violencia asociada al narcotráfico y mejorar las condiciones de seguridad en los barrios más afectados.
Con 125 inmuebles demolidos en poco más de dos años, Santa Fe continúa profundizando una estrategia que combina investigación judicial, intervención policial y participación ciudadana para desarticular puntos de venta de drogas en todo el territorio provincial.





























