Santa Fe logró reducir un 30 % las falsas alarmas al 911 y mejoró los tiempos de respuesta policial

La reciente implementación de la Ley de Seguridad Privada en Santa Fe ha llevado a una notable reducción en las falsas alarmas, optimizando el sistema de emergencias 911 y mejorando los tiempos de respuesta ante situaciones reales. 

A poco más de cinco meses de la ejecución de la nueva Ley de Seguridad Privada, el Gobierno de Santa Fe reporta una disminución del 30% en las llamadas al sistema 911 provenientes de alarmas fallidas. Esta reducción se traduce en 15.659 comunicaciones menos en comparación con el mismo período del año anterior, un avance significativo que alivia la saturación del sistema y potencia la eficacia de las fuerzas de seguridad.

Los datos oficiales indican que, hasta fines de mayo de 2025, se registraron 48.610 llamadas relacionadas con alarmas privadas, mientras que en el mismo período de 2026, la cifra descendió a 32.951. Esta disminución no solo facilita una mejor utilización de recursos, sino que también permite fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias reales, reduciendo la carga sobre patrulleros y operadores del sistema 911.

Pablo Polito, subsecretario de Emergencias 911, destacó que la normativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ha sido fundamental para optimizar los recursos policiales. “Hemos conseguido reducir un minuto en el tiempo de respuesta, pasando de 7 minutos y 15 segundos el año pasado a 6 minutos y 15 segundos en junio de 2026. Esta mejora es crucial para atender con mayor rapidez situaciones de urgencia”, afirmó Polito.

Karina Chumpitaz, subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, también valoró la colaboración con empresas prestatarias de seguridad, resaltando que los nuevos procedimientos para validar alertas antes de derivarlas al 911 son esenciales para el éxito de la iniciativa.

Una Ley para Modernizar la Seguridad Privada

Aprobada en noviembre de 2025, esta ley reemplazó una normativa de 1991 que ya no respondía a las necesidades actuales del sector. Con el objetivo de organizar el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, la ley busca transparentar la actividad, combatir la informalidad y establecer reglas claras para los servicios de monitoreo y vigilancia.

Antes de la sanción de la ley, se estimaba que las alarmas privadas representaban cerca del 30% de las intervenciones policiales, muchas de ellas sin incidentes reales. Con la nueva regulación, se incorporaron protocolos que exigen mecanismos de verificación previos a la activación de alertas, una medida que ha demostrado ser efectiva para reducir intervenciones innecesarias y mejorar la coordinación entre la seguridad pública y privada.

Los primeros resultados son prometedores, indicando que la nueva normativa no solo ha logrado disminuir las falsas alarmas, sino que también ha optimizado los tiempos de respuesta ante situaciones que requieren intervención de las fuerzas de seguridad, asegurando así un entorno más seguro para todos los santafesinos. 

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