El intendente Alberto Ricci vetó la exención de licencias profesionales
Ricci dejó sin efecto una ordenanza que eximía del pago de licencias especiales profesionales a empleados municipales. Desde el Ejecutivo argumentaron razones de equidad tributaria y resguardo de las finanzas públicas.
La iniciativa, aprobada semanas atrás por el Concejo Deliberante, proponía eliminar el costo de las licencias de conducir correspondientes a las categorías profesionales C, D, E y G para empleados de la administración local que desempeñan tareas que requieren este tipo de habilitación, como choferes y operadores de maquinaria.
El proyecto obtuvo seis votos favorables, conformando una mayoría que reunió al Movimiento Evita, sectores vinculados al massismo y a la representación local de La Libertad Avanza. En contrapartida, los concejales Esteban Lenci, Liliana Sequeira, Tato Bulsicco y Patricia González votaron en contra de la medida, alineándose con la postura que posteriormente adoptó el Ejecutivo municipal.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el Ejecutivo señala que los trabajadores alcanzados por la medida ya perciben un adicional salarial específico destinado a compensar las exigencias derivadas de portar licencias profesionales para el desempeño de sus funciones. Bajo esta interpretación, la exención tributaria implicaría un beneficio adicional sobre una situación ya contemplada dentro de los acuerdos laborales vigentes.
Asimismo, desde el municipio remarcaron que cualquier trabajador del sector privado que necesita una licencia profesional para desarrollar su actividad debe afrontar personalmente el costo del trámite, por lo que la eximición para empleados estatales generaría una diferencia de trato financiada con recursos provenientes de la totalidad de los contribuyentes.
La discusión también se da en un escenario de restricciones presupuestarias. La caída de la recaudación y la disminución de transferencias provenientes de otros niveles del Estado son señaladas por la administración municipal como factores que obligan a extremar los cuidados sobre cada partida presupuestaria.
La decisión de Ricci, en definitiva, refuerza la postura del Ejecutivo de priorizar el equilibrio de las cuentas públicas y la administración de los recursos municipales en un contexto económico adverso, aunque deja abierta una discusión política que seguramente continuará en el ámbito legislativo local.
