Denuncian a Manuel Adorni por presuntas irregularidades en contrataciones y la concesión de Tecnópolis
Una diputada nacional pidió investigar posibles delitos en licitaciones y un supuesto conflicto de interés en Tecnópolis.
La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis.
Según el escrito, una licitación impulsada por la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato superior a los $3.650 millones para el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas automatizadas. En ese proceso, se advierten presuntos vínculos societarios entre firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.
De acuerdo a la denuncia, esta situación podría haber afectado los principios de transparencia y competencia en la contratación pública, e incluso configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado, debido a la reiterada participación de empresas relacionadas y a variaciones detectadas en los precios de licitaciones similares.
Foco en la concesión de Tecnópolis
El planteo judicial también pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete.
En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
Posibles delitos y pedido de investigación
De acuerdo con el documento al que accedió la agencia Noticias Argentinas, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, Pagano solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades entre funcionarios y empresarios involucrados.
