La Provincia sorteó martilleros para una nueva subasta de bienes incautados al delito
El remate se realizará en abril en Rosario con hasta 150 lotes, incluyendo autos, motos y la posible subasta inédita de un avión.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó adelante el sorteo de los martilleros que participarán en la quinta subasta de bienes decomisados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El evento tendrá lugar a mediados de abril en el Salón Metropolitano de Rosario.
Desde el Ejecutivo destacaron que esta política pública es “inédita a nivel país”, al permitir que bienes incautados a organizaciones criminales sean subastados de manera abierta y transparente. En ese sentido, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, subrayó que el proceso se inicia con la selección de los martilleros y forma parte de una estrategia sostenida de recuperación de activos del delito.
Según precisó el funcionario, la próxima subasta podría convertirse en la más grande hasta el momento en cantidad de lotes, con entre 140 y 150 bienes. Entre ellos habrá una amplia variedad de motocicletas y automóviles, muchos con precios base inferiores al millón de pesos. Además, se evalúa incluir un avión, lo que marcaría un hecho sin precedentes para la Aprad.
En cuanto al destino de los fondos obtenidos, Figueroa Escauriza explicó que se orientan a tres ejes principales: el resarcimiento a víctimas —con más de 200 millones de pesos ya restituidos—, el autofinanciamiento de la propia agencia y la implementación de políticas sociales, como donaciones a instituciones educativas, clubes y organizaciones comunitarias.
Por su parte, el presidente del Colegio de Martilleros de Rosario, Pablo Porta, valoró la iniciativa y destacó la transparencia del proceso, al tiempo que remarcó la importancia de que los recursos obtenidos sean destinados a necesidades de la provincia.
Durante la actividad también estuvieron presentes autoridades provinciales vinculadas a la gestión y administración de estos bienes.
La Aprad, creada en 2016 por la Ley Nº 13.579, es un organismo autárquico encargado de administrar los bienes secuestrados en causas judiciales. Su función es garantizar que estos recursos tengan un destino social, ya sea mediante su uso en dependencias estatales, su donación o su subasta pública.
