Investigan el robo de cuatro armas de fuego de la sede del Centro de Justicia Penal.

Una de las armas fue secuestrada hace días en un «agauntadero» en el barrio Las Flores de Rosario.

Cuatro armas de fuego secuestradas en el marco de una causa judicial fueron robadas de la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal de Rosario, donde estaban a resguardo, por lo que se inició una investigación del hecho y un sumario administrativo sobre el personal a cargo, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Si bien el robo se dio a conocer en las últimas horas, se detectó tras finalizar la feria judicial de enero último, añadieron los voceros.

Según la información oficial dada conocer por el MPF de Rosario, el robo de cuatro pistolas calibre 9 milímetros fue detectado tras el receso judicial en enero de este año.

A raíz del episodio, la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Paola Aguirre, abrió una investigación y, paralelamente, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dio inicio un sumario administrativo que involucra al personal que estaba a cargo de la custodia, dijeron las fuentes.

Según la investigación, las armas en cuestión habían sido secuestradas en una causa por homicidio, en el marco de la cual el 1 de diciembre de 2021 se dictó sentencia en un juicio. Una de las armas fue secuestrada hace dias en un «agauntadero» en el barrio Las Flores de Rosario.

El tribunal a a cargo de ese caso, ordenó la destrucción de dos de esas armas y la devolución de las dos restantes al Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Pero, según las fuentes, el personal de la Oficina de Gestión Judicial que se encarga de dichas gestiones «no» cumplió con el mandato judicial, aparentemente por la confección «incorrecta» de la documentación, por lo que las armas quedaron en un cajón «sin llave» en esa oficina.

Recién después del regreso de la feria judicial en enero de 2022, el personal a cargo advirtió el faltante.

La fiscal, solicitó, entre varias medidas, el secuestro de las cámaras de seguridad internas del edificio y de la oficina en cuestión, con el fin de determinar la mecánica del hecho e identificar a las personas que ingresaron y salieron del lugar en el lapso de tiempo investigado.

La seguridad y toda la organización interna y externa del Centro de Justicia Penal de Rosario está a cargo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, señaló el MPA.    


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