Denuncia penal por la compra de armas para la policía provincial.
La misma fue por irregularidades en el proceso licitatorio.
Integrantes del bloque de diputadas y diputados provinciales del Frente Progresista presentaron una denuncia penal por irregularidades en el proceso licitatorio para la compra de armamento para las fuerzas de seguridad provinciales. El legislador villagalvense Esteban Lenci, junto a las diputadas Lionella Cattalini, Rosana Bellatti y el diputado Juan Cruz Cándido, se constituyeron esta mañana en el Centro de Justicia Penal de Rosario para denunciar el pliego licitatorio para la compra de 12272 armas por un valor de 1400 millones de pesos.
“Las irregularidades del pliego licitatorio parten de que todos los tipos de armas estaban agrupados en un único renglón, en lugar de poder cotizarse por pistolas, por fusiles de asalto, por subametralladoras, etc., en forma individual (lo cual hubiera posibilitado obtener un mejor precio en cada rubro), se pretendió obligar a cotizar a todo o nada”, denunciaron. “Sólo podían presentarse las empresas que comercializaban todos los ítems, perjudicando a las que sólo fabrican un tipo de armamento”.
“¿Cuáles son las razones técnicas para englobar distintos tipos de armas bajo un supuesto sistema único? ¿Hay motivos serios, además de una mera simetría para que todas las armas sean de la misma marca? ¿Cómo se controla y evita que existan sobreprecios en determinados rubros?”, se preguntó el diputado Lenci.
Cabe señalar que el propio Ministerio de Economía provincial pidió suspender el proceso licitatorio, a lo que se sumó luego la orden judicial de la Cámara Nº1 en lo Contencioso Administrativo, que el pasado 4 de febrero dio la razón a la empresa Bersa S. A., que se declaró damnificada al no poder participar de los pliegos porque es fabricante de pistolas pero no de armas largas.
“El pliego planteaba como un único renglón la compra de 12000 pistolas, 130 fusiles de asalto, 130 ametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos y 6 fusiles para francotiradores, para lo cual hay una sola empresa que proveería todas esas armas, una intermediaria. Es inevitable que todo el proceso resulte sospechoso”, detallaron los legisladores.
Mediante la denuncia presentada se pidió que se investiguen los posibles delitos de “fraude a la administración pública en grado de tentativa, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
