Endurecen normas para explotar taxis tras descubrir licencias en manos de narcos y barras

El Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza que deja en suspenso las licencias de taxis de procesados o condenados por narcotráfico, lavado o asociación ilícita, luego de que se descubrieran “chapas” del servicio en manos de miembros de la narcobanda “Los Monos” y del jefe de la barrabrava de Rosario Central, informaron fuentes legislativas.

“No podemos dar un paso atrás frente al avance de la economía delictiva que sostiene a las bandas criminales que actúan en nuestra ciudad”, dijo hoy el autor de la iniciativa, el concejal Roy López Molina (Cambiemos).

El edil agregó que deben «brindar transparencia y herramientas suficientes para el control, pero también garantizar al usuario que utiliza el servicio la tranquilidad de tener una fiscalización real sobre quiénes son los titulares de las licencias y su idoneidad”.

La nueva normativa endurece los requisitos y controles para iniciar el trámite por licencias de taxis y remises y mantener o transferir las vigentes, al limitar la actividad para quienes tengan antecedentes condenatorios o causas avanzadas por delitos complejos como lavado de activos, tráfico y contrabando de armas y drogas, corrupción y la pertenencia a una asociación ilícita.

Los cambios fueron impulsados tras la imputación con prisión preventiva del jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, quien según el fiscal Miguel Moreno habría lavado activos de origen ilícito a través de la adquisición de seis licencias de taxi.

En la audiencia de imputación, Moreno sostuvo que las licencias están valuadas en unos 20.000 dólares cada una.

En el caso de Bracamonte, las “chapas” de taxi estaban a nombre de su exesposa y de uno de sus hijos.

También la investigación judicial que en 2018 concluyó con la condena a los líderes de la organización criminal rosarina conocida como “Los Monos” determinó que las parejas de dos de sus jefes explotaban licencias del servicio de taxi.

López Molina explicó que la actual legislación “exige sólo la presentación de un certificado de conducta por quien pretende acceder a una licencia, pero nada dispone en el caso de que existan antecedentes penales, quedando en una discreción de la autoridad de aplicación otorgar o no la licencia solicitada”.

Con las modificaciones aprobadas por el Concejo, “ahora sí será necesario verificar los antecedentes de titulares y mandatarios”, explicó el edil que preside la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

La ordenanza establece que “se encuentran impedidos de tramitar licencias de taxis y/ o de remises por sí o por medio de apoderados aquellas personas humanas que hayan sido condenadas por delitos dolosos, por un lapso igual al de la condena”.

También determina la caducidad definitiva de las actuales licencias para casos de “delitos dolosos en general”.


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