Quién era la docente asesinada y descuartizada en zona sur

El cuerpo de María Isabel Ruglio fue hallado en el Saladillo el pasado 10 de febrero. Un llamado fue clave para identificarla casi un mes después. En su casa de zona sur encontraron a los sospechosos: una pareja que la ayudaba en tareas hogareñas. La víctima tenía 73 años y había sido maestra.

Un hombre y una mujer serán imputados este viernes en el Centro de Justicia Penal por el crimen de la docente jubilada María Isabel Ruglio, de 73 años, cuyos restos –desmembrados– aparecieron en el arroyo Saladillo el pasado 10 de febrero.

La hipótesis preliminar del fiscal Adrián Spelta es que la pareja, que convivía con la víctima en una vivienda de Uriburu al 500, tuvo un móvil económico para cometer el asesinato y luego esconder el cadáver. Esto es, quedarse con la propiedad de Ruglio. Allí mismo fueron detenidos este miércoles por la noche, a casi un mes de la posible fecha de muerte de María Isabel que, establecieron los forenses, fue el 7 de febrero.

Docente en VGG

Según contaron allegados, Ruglio se había jubilado de maestra de grado y vivía en su casa de Uriburu al 500, en barrio La Bajada. Había trabajado en escuelas de Villa Gobernador Gálvez, de donde era oriunda, como la 124 –de la que su padre fue director– y la 132. Como dato anecdótico, allá por 2007 la mujer tuvo contacto con la prensa en el marco de un litigio por la venta de una plazoleta ubicada en Jean Jaures y Buenos Aires, en la vecina localidad. Es que según las crónicas de la época durante los 70, la familia Ruglio había donado ese terreno a la municipalidad. Pero más tarde María Isabel y su hermana, asesoradas por un estudio jurídico, quisieron ponerlo a la venta, y lo vecinos se opusieron. Sin embargo, el terreno sigue al día de hoy sin edificaciones y con acceso público.

De España a zona sur

Marcelo Alberto “Bebu” F., de 53 años y con domicilio en barrio de La Carne, será imputado junto con Josefa “Pepi” R. C., de 57 y oriunda de Sevilla, España. La audiencia está anunciada a las 13 de este viernes. “Ellos hicieron una denuncia de paradero hace unos 30 días pero no se la asentaron porque no eran parientes directos”, narró un vecino. “La señora tuvo una operación hace poco y la cuidaban”, agregó.

Esa denuncia, aportó el fiscal Spelta, fue radicada el 7 de febrero, el día que los forenses calcularon la fecha de muerte de la docente jubilada.

Un llamado y el olfato de un perro, las claves

Los primeros días de febrero, el martes 10 y el miércoles 11, el cuerpo descuartizado de una mujer fue sacado de las aguas del arroyo Saladillo, a donde había sido arrojado en bolsas de consorcio negras. Desde entonces los investigadores intentaban identificar a la víctima al tiempo que buscaban entre los pedidos de paradero de los últimos meses.

Esas tareas de identificación habían resultado infructuosas. Pero al mediodía una mujer se comunicó desde la capital provincial con la Fiscalía local para avisar que su prima, una mujer de 73 años, se encontraba desaparecida. Al coincidir la edad que aportó la denunciante con la fecha de desaparición de su familiar, los pesquisas fueron al domicilio de Uriburu al 500, y allanaron dos viviendas linderas. Con esos datos, el fiscal de Homicidios Dolosos Adrián Spelta ordenó una serie de medidas para confirmar si el cuerpo mutilado y arrojado al arroyo Saladillo pertenecía a esa vecina.

Entre estos análisis, pruebas de luminol en la vivienda para ver si existía algún rastro de sangre, como también la presencia de un perro rastreador. En la escena trascendió que las pruebas de luminol llevadas adelante por el equipo de la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (ex Policía de Investigaciones) habían dado positivo, con lo cual se presume que la víctima fue asesinada en ese lugar, y luego su cuerpo cortado en siete partes, precisó el fiscal.

Según Spelta, en los fondos de una de las propiedades hay una pileta vieja donde la mujer habría sido asesinada y seccionada. Allí marcó la presencia de rastros de la víctima el perro rastreador, el mismo que había intervenido en las márgenes del Saladillo al momento del hallazgo de los restos.

Para el fiscal, el móvil del crimen pudo haber sido económico: según esta teoría, la pareja mató a la propietaria de las viviendas para desapoderarla de ellas.

La causa preliminar de muerte, según el fiscal, fue un corte producido con un arma blanca que hasta el momento no fue determinada.

Fuente: El Ciudadano.