Nueva condena para el «Tuerto» Diego Sebastián Alomar
Considerado por los pesquisas como un “tiratiros y cobrador de búnkers” de peso. La Cámara revisó una condena por un arma de fuego y dictaminaron 3 años y medio de prisión, la cual se sumó a una sentencia anterior, por lo que purgará más de 12 años de cárcel.
La Cámara Penal revisó la condena por una portación de armas a un hombre de 39 años, alias Tuerto y conocido por los investigadores como “como tiratiros y cobrador en búnkers” con peso en Villa Gobernador Gálvez, y decidió revocar parte de la pena porque no encontraron pruebas suficientes para sostener el encubrimiento. Los camaristas bajaron la pena de 4 años a 3 años y seis meses de prisión. Esta sanción se sumó a una sentencia anterior que computaba montos por penas en los fueros provincial y federal, así que deberá purgar 12 años y cuatro meses en prisión.
A Diego Sebastián “Tuerto” Alomar los pesquisas lo describen como un “pesado que mete plomo”. Además, para las fuentes policiales “estuvo dentro de las filas del clan de Luis Pollo Bassi hasta que decidió abrirse y ser cobrador de búnkers para un transa del barrio Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez”.
En 2013, cayó en un allanamiento en un búnker en dicha localidad junto con dos hombres y le encontraron cocaína y marihuana, lo que le valió una causa en la Justicia federal.
Ese mismo año se gestó el expediente que analizaron los camaristas en diciembre pasado, cuando los policías villagalvenses lo apresaron con una 9 milímetros en la cintura en la puerta del Hospital Juan Anselmo Gamen. No pasó ni un año preso ya que, a mediados de 2014, se fugó de la seccional 6ª. Estuvo tres años prófugo y en agosto de 2017 lo atraparon cuando volvía de las islas a la altura de Puerto Alvear.
La última pena
La causa que analizó el tribunal de la Cámara de Apelaciones, integrado por las magistradas Carina Lurati, Georgina Depetris y el juez José Luis Mascali, se originó pasado el mediodía del 11 de septiembre de 2013 en la puerta del hospital Juan Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez.
Según el acta policial, Alomar venía caminando y cuando vio a los policías, intentó escapar. Entonces lo detuvieron para identificarlo y le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros que llevaba en la cintura.
Del procedimiento hubo dos testigos: una mujer que vio cuando le sacaron del pantalón o el bolsillo el arma y lo tiraron al piso, y un muchacho que circulaba en moto y lo pararon para participar del procedimiento como testigo. Éste contó que al llegar vio al hombre tirado en el piso y junto a él una pistola. Arma que se determinó había sido robada a un policía.
La versión del detenido fue otra. Dijo que la Policía siempre lo molestaba. Lo llevaron a la comisaría y una vez en la dependencia discutían qué arma le iban a poner, explicó, y finalmente se inclinaron por la pistola, añadió en sede judicial. Aseguró que siempre le pasaba lo mismo y que los policías le habían pedido 10 mil pesos.
En septiembre de 2018, el juez penal Ismael Manfrín condenó a Diego Alomar a la pena de 4 años de prisión y unificó en 12 años y 10 meses de cárcel el monto, ya que tenía una condena previa.
La defensa de Alomar cuestionó la decisión y empezó por la calificación. Dijo que no se había probado que su cliente iba a usar el arma para cometer un delito y que en todo caso corresponde encuadrar el hecho en un encubrimiento. Cuestionó el procedimiento en relación con los testigos y pidió la revocación de la condena.
Tampoco la defensa estuvo de acuerdo en la unificación con la sanción anterior, al sostener que hay una condena en la Justicia federal y en ese fuero debería hacerse la cuenta.
La Fiscalía refutó los planteos de la defensa y pidió la confirmación. La revisión quedó a cargo de la Cámara de Apelaciones. Los magistrados validaron el procedimiento policial al entender que los testigos contaron diversos momentos, según fueron llegaron a la escena del hecho. Y aseguraron que no tiene sustento la versión del condenado, quien aseguró que le plantaron el arma en la comisaría.
Los camaristas consideraron que el arma estaba apta para el disparo y la llevaba cargada. Además, había sido robada a un miembro de la fuerza policial. Si bien confirmaron la condena por portación de arma de guerra, no tuvieron el mismo criterio respecto del encubrimiento agravado por la pistola.
Los jueces dijeron que no hay dudas de que las armas se adquieren en el mercado negro, que son compradas o alquiladas e incluso prestadas, pero de allí a que se conozca o sospeche que provengan de un delito grave no alcanza para dar certeza y optaron por absolverlo por este delito.
El tribunal de alzada circunscribió la pena a 3 años y 6 meses por el delito de portación y la unificaron con una condena previa dictada por el juzgado de Sentencia N° 1, que había sentenciado a Alomar a 8 años y 10 meses, por lo que deberá purgar 12 años y 4 meses de prisión.
Causa federal
Diego David Ramírez tenía 35 años y vivía en Las Flores Este de Rosario. El 2 de marzo de 2013 su cuerpo fue hallado por un empleado del club Renato Cesarini en el llamado camino a Cargill, cerca del cementerio villagalvense y de la autopista Aramburu. Tenía un tiro en la espalda, otro más en el cuello y un tercero en la ingle. Los investigadores determinaron que había sido ultimado en otro lugar y arrojado allí.
Luego de identificar el cadáver, y a partir de testimonios reservados que contaron con la intervención del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) bajo el monitoreo del entonces juez de Instrucción 13ª, Gustavo Pérez de Urrechu, la investigación consiguió su primera hipótesis firme: Ramírez fue ultimado en el marco de un ajuste de cuentas interno en una de las bandas que entonces disputaban el negocio del narcotráfico al sur del arroyo Saladillo.
Según los datos que se pudieron recabar en la causa, Ramírez había sido detenido el 2 de febrero de ese año en un búnker de Río Negro al 2300, en jurisdicción de la comisaría 26ª villagalvense, donde al parecer era vendedor en el turno que arrancaba al mediodía y terminaba a la medianoche.
Para los investigadores Ramírez iba a conseguir un ascenso, lo que en un efecto dominó determinaría el desplazamiento de la persona que estaba por encima de él en el organigrama. “Por llamadas y testimonios se pudo determinar que lo mataron dentro del búnker de calle Río Negro. Ahí había manchas de sangre y trozos de proyectiles deformados, se presume que 9 milímetros. Evidentemente dejó entrar a alguien al que le tenía confianza y después que lo mataron, lo sacaron y lo tiraron afuera”, dijo una fuente judicial.
El 23 de marzo el juez Pérez de Urrechu dispuso una serie de allanamientos para dar con los acusados. En otro búnker villagalvense, Guido Spano al 2200, la Policía demoró a tres hombres y dijo haberse incautado de una escopeta calibre 16, 200 bochas de cocaína y 40 de marihuana, por lo cual se le dio intervención a la Justicia federal.
En la puerta de la boca de expendio fue secuestrado un Peugeot 307 donde había una pistola calibre 9 milímetros con numeración visible, que iba a ser peritada para determinar si fue o no el arma homicida. Uno de los tres arrestados fue el Tuerto Alomar. Por entonces ya contaba con antecedentes por ley de drogas –de 2007– y estaba domiciliado transitoriamente en el barrio Municipal, donde otrora reinó el barra leproso Roberto “Pimpi” Caminos. Quedó imputado por la tenencia de las armas y los estupefacientes.
El Tuerto Alomar estuvo preso hasta mediados de 2014, cuando se fugó de la seccional 26ª, que tiene jurisdicción en la zona centro de Villa Gobernador Gálvez. Por tres años logró esquivar a la Justicia, hasta el 23 de agosto de 2017 cuando el personal del área de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) lo atrapó cuando llegaba en un bote desde la zona de islas a las inmediaciones del puerto de Punta Alvear. Para ese tiempo, ya había acumulado cinco pedidos de captura emitidos por juzgados provinciales, entre ellos esta causa por la que fue condenado, y federales.
El crimen de su primo
Los investigadores contaron que el Tuerto era primo de Marcelo Alomar, quien fue acribillado a tiros junto a la mamá y un hermano de Miltón César el 28 de mayo de 2013, cuando dos motociclistas los sorprendieron en avenida Francia y Acevedo.
Este triple crimen se enmarcó en la saga de plomo y muerte que se desató en venganza por la muerte de quien era el jefe de la banda de Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero, ocurrida dos días antes frente a un boliche de Villa Gobernador Gálvez.
En esa matanza, cometida por los ocupantes de dos motos, además de Alomar murieron Norma Beatriz César y su hijo Nahuel Fabián, a quien confundieron con su hermano Milton, uno de los primeros sospechosos de asesinar al líder de la banda de barrio Las Flores. Como instigador del triple crimen fue condenado Ramón Ezequiel Machuca, conocido como Monchi Cantero, hermanastro de Pájaro.
