Récord de inscriptos para la subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe
Más de 5.400 personas de todo el país participarán del remate organizado por la Aprad en Rosario. Habrá 150 lotes, incluyendo un avión, autos y motos.
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) confirmó una convocatoria récord para la próxima subasta de bienes incautados al delito: un total de 5.411 personas se inscribieron para participar del remate que se realizará el jueves 16 de abril en el Salón Metropolitano.
El dato no solo marca el número más alto de inscriptos en este tipo de iniciativas, sino también su alcance federal, ya que hay participantes provenientes de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La subasta incluirá 150 lotes, entre los que se destacan un avión, además de automóviles, motocicletas y otros bienes. Se trata de la quinta edición realizada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, en la que ya se recaudaron más de 3.500 millones de pesos en los remates anteriores.
Control y transparencia
Desde el Gobierno provincial informaron que la participación en la subasta requirió inscripción previa online, y que ahora los datos de los postulantes serán cruzados con el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía de Investigaciones para verificar que no tengan vínculos con organizaciones criminales.
Además, se garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos subastados y el cambio de patentes, con el objetivo de desvincularlos completamente de sus anteriores propietarios y brindar mayor seguridad jurídica a los compradores.
Función social de los bienes
La Aprad es el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados en causas judiciales vinculadas a delitos o contravenciones, con el objetivo de darles una utilidad social. Estos pueden ser asignados a fuerzas de seguridad, instituciones públicas o entidades de bien público, o bien ser rematados o compactados.
Con esta nueva subasta, la provincia busca consolidar una política que transforma activos provenientes del delito en recursos para el Estado y la comunidad, reforzando criterios de eficiencia y transparencia en la gestión pública.
