La Justicia ordena levantar el secreto fiscal y bancario para saber quien pagó los viajes de Adorni.

El magistrado a cargo de la investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para costear traslados al exterior del funcionario y su grupo familiar. La medida alcanza también a una empresa proveedora del Estado, bajo la sospecha de presuntos beneficios indebidos y dádivas.

En un giro determinante para la causa que investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de traslados particulares, el Juez Ariel Lijo dispuso en las últimas horas el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre el actual Jefe de Gabinete y su entorno cercano. La medida judicial apunta a reconstruir de manera exhaustiva el circuito financiero detrás de una serie de vuelos realizados durante el presente año.

El foco de la investigación se centra en un viaje realizado el pasado 12 de febrero hacia la ciudad uruguaya de Punta del Este. Según consta en el expediente, la factura por el traslado privado —que ascendería a la suma de 4.830 dólares— habría sido abonada por la firma In House S.A.

La situación procesal se torna compleja dado que el titular de dicha empresa, un conocido periodista del ámbito deportivo con espacio en la señal estatal, mantendría contratos vigentes con dependencias que orbitan bajo la propia estructura que conduce el funcionario investigado. La Justicia intenta establecer si este pago configura un beneficio indebido o una contraprestación por favores administrativos.

De forma paralela, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) mantiene abierta una línea de indagación sobre el uso del avión presidencial en un viaje con destino a Nueva York. En dicha oportunidad, se detectó la presencia de la esposa del funcionario, lo que activó las alarmas sobre el posible uso irregular de recursos del Estado para fines estrictamente personales.

Como parte de las diligencias, el magistrado solicitó formalmente el acceso a los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando. El objetivo es identificar fehacientemente a la persona que capturó las imágenes del funcionario y su familia abordando el vuelo privado, material que fue difundido semanas después de los hechos.

Desde el seno de la Jefatura de Gabinete, califican el avance judicial como una «maniobra política» y vinculan la celeridad de las medidas a las aspiraciones del juez interviniente para ocupar la Fiscalía General de la Nación, en medio de una feroz interna que sacude la Casa Rosada.

Por el momento, la Justicia ha ordenado una pericia contable integral para confirmar si los fondos provinieron de las productoras señaladas o si existieron otros aportantes no declarados en el circuito formal de pagos.

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