Santa Fe avanza en la adhesión a la Ley Antimafia para reforzar la lucha contra el crimen organizado
La iniciativa, con media sanción, busca endurecer penas y mejorar la coordinación para combatir organizaciones criminales.
El gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, impulsa la adhesión provincial a la Ley de Crimen Organizado N° 27.786, conocida como Ley Antimafia, con el objetivo de fortalecer la persecución de organizaciones delictivas y endurecer las sanciones contra quienes las integran.
Desde el gobierno remarcaron que la adhesión permitirá incorporar mecanismos más robustos para investigar estructuras criminales complejas, promoviendo una mayor articulación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que la medida representa “una señal clara” en la lucha contra el delito organizado. “La adhesión de Santa Fe es una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas”, afirmó.
Un cambio de paradigma en seguridad
La normativa introduce un esquema de agravamiento de penas para delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales, poniendo el foco no solo en quienes ejecutan los hechos, sino también en quienes los financian, organizan o dirigen.
Además, contempla el uso de técnicas especiales de investigación, el fortalecimiento de la cooperación entre jurisdicciones y la posibilidad de avanzar sobre los bienes económicos de estas redes.
Coordinación sin perder autonomía
La adhesión también prevé resguardar las competencias provinciales, garantizando que el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia santafesina mantengan su capacidad de actuación, al tiempo que se refuerzan los vínculos con organismos nacionales.
Cabe recordar que Pullaro ya había tenido una participación activa durante el tratamiento de la ley a nivel nacional, donde planteó la necesidad de avanzar sin temores en reformas estructurales en materia criminal.
Con esta iniciativa, Santa Fe busca consolidar una estrategia integral para enfrentar el crimen organizado, abordando tanto su ejecución como sus estructuras de financiamiento.
