Santa Fe moderniza la Factibilidad Hídrica: Provincia y desarrolladores acuerdan nuevas pautas para agilizar urbanizaciones

El Ministerio de Obras Públicas trabaja en una nueva resolución que reemplazará a la normativa vigente desde 2016. El objetivo es desburocratizar los trámites, digitalizar procesos al 100% y brindar seguridad jurídica a las inversiones privadas, sin descuidar el ordenamiento hídrico del territorio.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, bajo la gestión de Maximiliano Pullaro, dio un paso clave hacia la actualización de las normativas de desarrollo urbano. A través del Ministerio de Obras Públicas, se están llevando a cabo reuniones con la Cámara de Desarrolladores y los Colegios de Ingenieros y Agrimensores de Rosario para consensuar una nueva Resolución de Factibilidad Hídrica.

Esta nueva normativa busca sustituir a la actual Resolución N° 736, que rige desde el año 2016, con el fin de adaptarla a las necesidades actuales del sector productivo y profesional. Según explicó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, la intención es optimizar los tiempos administrativos y fortalecer la previsibilidad técnica de los proyectos.

«Queremos promover la inversión privada y, al mismo tiempo, asegurar la protección hídrica. Buscamos un procedimiento que respete cada cuenca de la provincia, pero que dé certezas para que el privado pueda invertir con seguridad jurídica», destacó Enrico.

Crecimiento planificado y digitalización

Uno de los pilares de esta reforma es el ordenamiento hídrico y territorial. El Gobierno Provincial busca que el crecimiento urbano sea planificado, evitando que las construcciones generen problemáticas de inundaciones o desórdenes hídricos a corto, mediano o largo plazo.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, brindó detalles técnicos sobre los avances alcanzados tras cinco encuentros de trabajo en Rosario y Santa Fe. Entre los beneficios más destacados de la nueva resolución se encuentran:

Digitalización total: Los trámites serán 100% digitales, en línea con el plan de «despapelización» de la provincia.

Reducción de plazos: Se establecerán tiempos de respuesta más ordenados y precisos por parte del Estado.

Claridad normativa: Definición precisa de condiciones y alcances de la factibilidad, eliminando memorándums que ralentizaban los procesos.

Mejor comunicación: Optimización de los canales de contacto entre los solicitantes y los entes de control.

«Estamos analizando cada propuesta de los sectores profesionales antes de la firma final. Esta resolución regirá por los próximos años y nuestra misión es que sea el resultado del diálogo y la escucha activa con los sectores productivos», concluyó Mijich.

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