Reforma Laboral en el Senado: fuerte cruce entre cámaras empresarias y gremios en el inicio del debate

Con la presencia de funcionarios nacionales, el plenario de comisiones comenzó a tratar el proyecto que busca reducir la informalidad y fomentar la inversión. Mientras la UIA y CAME celebraron la búsqueda de «previsibilidad», la CGT y las CTA denunciaron que la iniciativa es inconstitucional y «fomenta el despido».

En la jornada de ayer se llevó a cabo una reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presidida por los senadores Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA), respectivamente, con el objetivo de tratar la modernización laboral enviada por el Poder Ejecutivo.

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, abrió la exposición afirmando que «el empleo privado se encuentra estancado desde hace muchos años y el trabajo es una actividad humana que merece la más alta consideración. Al observar las estadísticas y el entorno en el que se encuentra esta realidad, entendemos que es necesaria una modernización en el esquema laboral».

Cordero también destacó que «este proyecto de ley está completamente equilibrado y se elaboró principalmente a partir de un pedido de la ministra Sandra Pettovello para conservar los derechos esenciales de los trabajadores, lo cual se ha logrado. Además, se buscó una reducción significativa de los costos adicionales que conducen a la informalidad en el mundo laboral».

Por su parte, la subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, Daniela Ramos, afirmó que «esta ley permitirá a las empresas reducir el costo de sus inversiones», junto con «la amortización acelerada y la devolución anticipada del IVA derivado de las inversiones. Estas herramientas contribuyen a facilitar las inversiones para las pequeñas empresas y a fomentar su capacidad de exportación. Tenemos muchas oportunidades y confiamos en que esta herramienta será fundamental para el crecimiento de las pymes».

A su turno, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, señaló que «el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad, lo que ha tenido enormes consecuencias sociales». Identificó la litigiosidad laboral y la crisis del sistema de riesgos del trabajo como el núcleo del problema, afirmando que «si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal». Al finalizar, expresó el respaldo de la entidad que representa hacia el proyecto, indicando que «creemos que contribuye a la modernización al permitir la actualización de las modalidades de trabajo y convenios, adecuándolos a las realidades productivas y a las tecnologías actuales».

En representación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidente primera Eloisa Frederking, señaló que la medida aporta la coherencia normativa que el sector requiere. «Hace más de un año trabajamos en un proyecto amplio y de consenso para modificar la ley de contrato de trabajo agrario, y esta incorporación demuestra que estamos alineados entre el sector privado y público para un sistema integral y de menos burocracia».

En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, destacó que el espíritu del proyecto es «mejorar las relaciones laborales, porque «el empresario pyme y el trabajador trabajan codo a codo». Consideró que el marco normativo del proyecto evitaría inconvenientes no deseados y celebró la discusión de la propuesta, ya que «muchos de sus artículos aportan previsibilidad y certidumbre».

A continuación, Pablo Devoto, Presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), afirma que «acompañamos en general las actualizaciones de la legislación laboral» y mostró preocupación por la informalidad: «Vemos que peligrosamente desde Argentina estamos alcanzando los estándares de aquellos países que tienen mayor informalidad laboral. El índice actual es de 43% cuando estos pases están cerca del 50, 60%, esto es un tema que trata la modernización laboral y es algo que debemos encarar los sectores sociales».

Por el contrario, Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que «la magnitud de este proyecto de ley no alcanza para ser debatido en diez minutos porque esta iniciativa, que consta de 197 artículos, viola normas constitucionales, violenta derechos consagrados de principios como el de la justicia social, como el de la condición de que las leyes laborales son para proteger a los trabajadores y no para perjudicarlos y proteger a las empresas. Con este proyecto volvemos a la Argentina del siglo XIX; lo rechazamos de plano porque impide un debate de fondo, está plagado de afirmaciones falsas y fomenta el despido», sentenció.

En el mismo sentido, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, coincidió con los argumentos anteriores. Al contextualizar la discusión, señaló que la reforma se debate en un momento en que el salario mínimo es, «por primera vez, el más bajo de América Latina». Asimismo, recordó que históricamente las reformas laborales en el país han resultado en una disminución del empleo y advirtió que se está legislando en contra de la Constitución Nacional.

El representante de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el director Gustavo Corradini, explicó que esto es «la posibilidad de ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales» y a pidió por cambios en la ley respecto a los puntos de la caída de la ultra actividad, el convenio de empresas que sea inderogable para las pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, ya que «puede generar el efecto contrario que se busca».

Por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), expuso Jorge Sola, secretario General de Seguros donde planteó su oposición al proyecto al igual que los demás representantes sindicales y cuestionó su «constitucionalidad». También solicitó un tratamiento de mayor profundidad y agregó que » este Senado y luego Diputados tienen una gran responsabilidad en lo que se va a modificar en las relaciones del mundo del trabajo que toca los derechos individuales de los trabajadores y van en contra de sus representaciones sindicales».

También expusieron el asesor laboral de la SRA, Ignacio Forconi; David Hughes, Fundación Barbechando; Luis Núñez, presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales; Cesar Guati, vocal de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Ricardo Ferreiro, director de Experta ART; Mariana Lucía Cademartori, dueña de una pyme en Junín, junto a Santiago Andres Bertamoni y Sebastián José Martino; Octavio Arguello, secretario General de Camioneros; y Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA.

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