La provincia inactiva el búnker n° 77
Con la Ley de Microtráfico como herramienta clave, el Gobierno de Santa Fe ya cerró 77 puestos de venta de drogas en toda la provincia desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro. La última intervención fue en Cabal 988 bis de Rosario, vinculada a una investigación por tentativa de homicidio.
El Gobierno de Santa Fe sumó una nueva intervención en su lucha frontal contra el narcotráfico. Este jueves, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisaron la inactivación de otro búnker de venta de estupefacientes en Cabal 988 bis de la ciudad de Rosario. Esta acción eleva a 77 el total de puestos de drogas desactivados en toda la provincia desde que se promulgó la Ley de Microtráfico a fines de 2023.
La intervención, coordinada entre ambas carteras, se produce en el marco de la aplicación de la nueva normativa que permite a la justicia provincial investigar el narcomenudeo. De las 77 inactivaciones provinciales, 49 corresponden a operativos realizados solo en Rosario.
Rápido Accionar Tras un Hecho de Violencia
El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, destacó la importancia de las reformas normativas impulsadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, incluyendo la Ley de Microtráfico.
El funcionario enfatizó que este tipo de acciones definen la postura del gobierno: «claramente damos una lucha frente a frente con el narcotráfico, como está sucediendo en la ciudad de Rosario».
El Origen de la Investigación
La inactivación del búnker tuvo su génesis en la investigación por la tentativa de homicidio de una pareja, según detalló el fiscal Adrián Spelta. Al allanar la vivienda en busca de los autores, las autoridades encontraron «gran cantidad de estupefacientes, lo que se vincula a algunas bandas que pujan por el territorio».
Carbone señaló que el lugar era «un centro de distribución, con ‘deliveries’ que salían de acá» y que venía operando desde hacía más de un año.
Tapiado y Monitoreo Constante
A diferencia de otros casos donde se procede al derribo, en esta ocasión se optó por el tapiado del lugar. El fiscal Carbone explicó que la dueña registral del inmueble es la madre de uno de los regentes, una persona «totalmente lejana a la actividad delictiva de su hijo».
«Tapiamos el lugar y no hicimos derribo… Por eso se hizo un cerramiento del lugar, con un monitoreo en simultáneo constante del Ministerio de Justicia y Seguridad, a los efectos de ver si se reactiva o no el lugar», concluyó Carbone, resaltando la acción preventiva y el diálogo con la propietaria.
