Derriban el búnker número 50 en Rosario en el marco de la Ley de Microtráfico
El ministro Cococcioni supervisó la inactivación de un inmueble en el barrio Tiro Suizo, utilizado durante una década por bandas narcos. «Acá manda el Estado, no la delincuencia», afirmó el funcionario, en referencia a la política de derribo de puntos de venta de drogas.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a cargo de Pablo Cococcioni, llevó adelante este viernes el derribo del búnker número 50 en la ciudad de Rosario, un inmueble ubicado en la calle Presidente Roca 5173, del barrio Tiro Suizo, que durante una década fue base de operaciones de bandas dedicadas al narcotráfico.
El funcionario destacó la decisión de derrumbar físicamente el inmueble, luego de que este fuera recuperado en varias oportunidades por los delincuentes. «Tenemos que mostrarles que acá manda el Estado y no la delincuencia», desafió el ministro, al tiempo que anticipó que esperan superar el centenar de búnkeres derribados antes de cumplir dos años de vigencia de la ley.
Por su parte, el fiscal Cabrera detalló la historia delictiva del inmueble, que fue utilizado originalmente por la banda «Los Gorditos» como centro de distribución y acopio de estupefacientes. Aunque sus miembros fueron condenados, el lugar siguió en manos de la organización a través de terceras personas, con reiterados hechos de inseguridad con armas de fuego y venta de drogas.
«Durante este año se produjeron varios hechos de inseguridad con armas de fuego, se dieron denuncias por venta de estupefacientes, generando inseguridad para todos los vecinos», explicó Cabrera. Tras un relevamiento, se logró el cierre de la vivienda, pero en septiembre los delincuentes volvieron a ingresar tras romper la puerta con una moladora, lo que motivó la decisión judicial de proceder a su derribo definitivo.
La Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023 por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva. Estos operativos se desarrollan mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia y los gobiernos locales.
