Diputados devolvió al Senado la modificación al régimen legal de los DNU en medio de fuertes cruces

La Cámara Baja aprobó en general las modificaciones a la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, pero introdujo cambios en la votación particular que obligan a que la iniciativa vuelva a ser tratada en la Cámara Alta. La votación evidenció una profunda división entre los bloques, con acusaciones de «oportunismo electoral» y «desestabilización».

En una sesión especial marcada por el debate candente, la Cámara de Diputados dio media sanción con modificaciones al proyecto que busca reformar la Ley 26.122, de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes.

El proyecto fue aprobado en general por 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones. Sin embargo, las enmiendas incorporadas durante la votación en particular obligan a que la iniciativa vuelva a ser tratada por el Senado antes de su posible promulgación.

El centro del debate: ¿Uso excesivo o herramienta necesaria?

Durante la jornada, legisladores de distintos espacios manifestaron posturas encontradas sobre la regulación del instrumento presidencial.

Mónica Litza (UxP) defendió la necesidad de la reforma al señalar que el problema no es el DNU en sí mismo, sino «cómo se han usado». «No todos los DNU fueron iguales, algunos ampliaron derechos y otros vinieron a destruir el Estado», remarcó.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) admitió el «uso excesivo» del instrumento por parte de los gobiernos, pero enfatizó que los DNU son «un elemento necesario e imprescindible en la resolución de la crisis económica» y desmintió que la iniciativa sea «contra el gobierno ni contra el presidente de la Nación». En esa línea, Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) sostuvo que «no somos enemigos de los decretos», sino que buscan «empezar a transitar el camino de la normalidad institucional».

Cruces y acusaciones políticas

La tensión aumentó con las críticas de los bloques opositores a la reforma. Nicolás Mayoraz (LLA) acusó a los impulsores de buscar «desestabilizar al gobierno» y «generar la mayor inseguridad jurídica» con un mecanismo que, según él, va «en contra de la Constitución».

En el mismo sentido, Paula Omodeo (CREO) lamentó que con la ley «buscan generar un clima de incertidumbre» y «el oportunismo electoral», al asegurar que «primero están los argentinos, después está la especulación política». Patricia Vásquez (PRO) calificó la discusión como una «intencionalidad política de limitar el Gobierno constitucional» bajo un supuesto «debate jurídico».

La oportunidad del debate fue otro punto de conflicto. Martín Tetaz (UCR) lo cuestionó como «oportunista» y consideró que lo «razonable sería tener este debate en el 2026», al advertir que la reforma «transfiere todo el poder a la Cámara de Senadores». A su vez, Osvaldo Llancafilo (Mov. Pop. Neuquino), si bien se mostró de acuerdo en revisar la ley, objetó que se haga «a 20 días de una elección legislativa».

A pesar de las críticas, la diputada Marcela Pagano (Coherencia) defendió que la norma busca «reconstruir y volver al equilibrio» institucional, mientras que Vilma Ripoll (Frente de Izquierda) manifestó su apoyo para «poner un límite al gobierno».


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