El Gobierno envío a Diputados la «ley de principio de inocencia fiscal» que flexibiliza controles y genera polémica
El proyecto, ingresado a Diputados, busca despenalizar el uso de dinero no declarado al elevar los montos mínimos para investigar evasión, reducir plazos de prescripción y crear un Régimen Simplificado de Ganancias con «blindaje» para los contribuyentes.
El Gobierno nacional presentó formalmente en la Cámara de Diputados el proyecto de «ley de principio de inocencia fiscal», una iniciativa que propone cambios significativos en el Régimen Penal Tributario con el objetivo de facilitar el uso de dinero no declarado en la economía formal. La propuesta, que ya genera debate, apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aunque también prevé un aumento en las multas por declaraciones juradas fuera de término.
Entre los puntos más destacados, el proyecto eleva drásticamente los montos mínimos a partir de los cuales el Estado puede investigar por presunta evasión fiscal. Para la evasión simple, el piso se incrementa de $1.500.000 a $100.000.000. En el caso de la evasión agravada, el monto asciende de $15.000.000 a $1.000 millones de pesos.
Además, la iniciativa busca reducir el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. En materia de seguridad social y obras sociales, este plazo se recortaría de diez a cinco años, disminuyendo a la mitad el tiempo que el fisco tiene para reclamar deudas. Incluso, se extinguirían las acciones penales ya iniciadas por ARCA (la autoridad fiscal) contra los contribuyentes en este ámbito.
Un aspecto central de la propuesta es la introducción de un Régimen Simplificado de Ganancias. Según el Gobierno, quienes adhieran a este esquema quedarán «blindados para siempre», con un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos. Bajo este régimen, los contribuyentes no tendrían que informar sobre variaciones patrimoniales ni se controlarían sus consumos. ARCA solo les cobraría el Impuesto a las Ganancias por los ingresos facturados, sin importar el crecimiento patrimonial no controlado. La aceptación y el pago de la declaración jurada propuesta por ARCA tendrían efecto liberatorio, excepto en casos de ingresos omitidos.
El proyecto también busca unificar los plazos de prescripción tributaria a nivel provincial, municipal y de CABA, que se regirían por la Ley Nacional de Procedimiento Fiscal, eliminando la potestad de las jurisdicciones locales en esta materia.
Si bien el proyecto relaja los controles en ciertos aspectos, se establece que ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando las deudas y sus intereses sean cancelados, aunque este beneficio aplicaría una sola vez por contribuyente. Si una denuncia no estuviera radicada, quedaría extinguida si el contribuyente cancela sus obligaciones con un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación. Por otro lado, se prevé un aumento en los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.
La «ley de principio de inocencia fiscal» plantea un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes, buscando formalizar capitales pero generando interrogantes sobre el control fiscal y la equidad tributaria.
