El Gobierno limitó el derecho a huelga mediante un DNU y amplió las actividades consideradas esenciales
Con el decreto 340/2025, el Ejecutivo de Javier Milei impone la obligación de mantener entre un 50% y un 75% de funcionamiento en servicios durante conflictos sindicales. Sindicatos denuncian un «ataque a derechos constitucionales».
El Gobierno nacional oficializó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, por el cual se restringe el ejercicio del derecho a huelga al ampliar la lista de actividades consideradas “esenciales”. La norma, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei y varios ministros del gabinete, establece nuevos límites a la posibilidad de paralización de actividades en sectores clave como salud, educación, transporte y telecomunicaciones.
Según el artículo 3 del decreto, «los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos». En concreto, los servicios esenciales deberán garantizar al menos el 75% de funcionamiento, mientras que en las actividades de “importancia trascendental” la cobertura mínima deberá ser del 50%.
Hasta el momento, se consideraban esenciales solo servicios como salud, agua potable, energía eléctrica, telefonía y control aéreo. Sin embargo, con la nueva normativa se suman nuevos sectores:
- Transporte y distribución de medicamentos.
- Servicios farmacéuticos.
- Producción y distribución de gas, combustibles y electricidad.
- Servicios de internet y comunicaciones satelitales.
- Actividad aeronáutica y portuaria (incluyendo balizamiento, estiba, remolque y más).
- Servicios aduaneros, migratorios y de comercio exterior.
- Educación desde guardería hasta nivel secundario.
- Cuidado de menores y transporte marítimo y fluvial.
La decisión del Ejecutivo forma parte de una serie de reformas de desregulación, particularmente en el sector de la marina mercante, y fue acompañada por las firmas de los ministros Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
La reacción sindical no tardó en llegar. Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, cuestionó duramente la medida al afirmar que “el Gobierno intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/23, ya declarado inconstitucional en dos instancias por la Cámara Laboral”. A través de su cuenta en X, Godoy calificó la decisión como “una nueva ofensiva autoritaria” y denunció que “representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional”.
La norma podría enfrentar cuestionamientos judiciales, ya que el derecho a huelga está protegido por la Constitución y convenios internacionales. No obstante, desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a garantizar servicios básicos y evitar que los conflictos sindicales afecten a la población en general.
