Condenan a una pareja por usura, extorsión y privación ilegítima de la libertad en Villa Gobernador Gálvez.
Los hechos se habían registrado en la ciudad en el año 2023.
Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que un juez de Primera Instancia condenó a Yasmila Arredondo y Damián Sosa por usura, extorsión y otros delitos cometidos contra un hombre en Villa Gobernador Gálvez. La sentencia, dictada el miércoles 26 de febrero de 2025, homologó un procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa.
El Fiscal José Luis Caterina les atribuyó en complicidad con T.M y R.M (ya imputados) haberse hecho dar y prometer intereses evidentemente desproporcionados con una deuda efectivamente asumida por la víctima, exigiendo pagos por medios extorsivos, mediando la sustracción de su teléfono celular, la privación ilegítima de su libertad con violencia, la suscripción extorsiva de documentos y las coacciones, como asimismo lesiones de carácter leve.
Yasmila Arredondo, de 30 años, fue condenada a 5 años de prisión efectiva, 7 años de inhabilitación especial y una multa de $40.000. Los delitos por los que se la condenó incluyen usura, lesiones leves, amenazas coactivas calificadas, privación ilegítima de la libertad agravada, suscripción extorsiva de documentos, robo calificado por el empleo de arma de fuego y lesiones leves agravadas por el vínculo.
Damián Sosa, de 23 años, fue condenado a 5 años de prisión efectiva y una multa de $40.000. Los delitos por los que se lo condenó incluyen usura, lesiones leves, amenazas coactivas calificadas, privación ilegítima de la libertad agravada, suscripción extorsiva de documentos, robo calificado por el empleo de arma de fuego y lesiones leves.
El caso
La víctima trabajaba en una carnicería en Villa Gobernador Gálvez desde diciembre de 2022 hasta junio de 2023, donde conoció a una oficial de policía que prestaba dinero de manera informal. En agosto de 2023, la víctima le solicitó un préstamo de $300.000, el cual fue otorgado con la condición de devolverlo en octubre con un interés de $50.000. Para concretar la entrega del dinero, ambos fueron al domicilio de la prestamista en Rosario, donde también estaba su pareja. Allí le entregaron la suma acordada y reafirmaron las condiciones del préstamo.
Sin embargo, en septiembre de 2023, la prestamista comenzó a enviarle mensajes a la víctima exigiéndole el pago de $900.000, una cantidad muy superior a la pactada. Ante la negativa de la víctima a aceptar este cambio, la prestamista utilizó su condición de policía para intimidarlo, amenazándolo para que abonara el monto exigido. Días después, la mujer le volvió a escribir, mencionando que el interés había sido reducido a $600.000, pero manteniendo la presión para el pago.
El 15 de octubre, la víctima, sintiéndose presionada, accedió a pagar la suma exigida y acordó encontrarse con la prestamista en una entidad bancaria ubicada en Lamadrid y San Martín el jueves 18 de octubre. Sin embargo, antes de esa fecha, el 17 de octubre, la víctima recibió un mensaje intimidatorio de un número desconocido, en el que se le exigía el pago inmediato, amenazándolo con represalias si no lo hacía. Al revisar el número de contacto, descubrió que estaba registrado a nombre de una persona identificable.
El 18 de octubre, la víctima acudió al banco para solicitar un préstamo con la intención de pagar la deuda, pero la solicitud fue rechazada. Al salir de la entidad bancaria, fue abordado por dos personas identificadas como T.M. y R.M., quienes le informaron que venían de parte de la prestamista. Lo obligaron a subir a un Renault Clio y, mientras circulaban varias cuadras, le exigieron dinero.
La víctima les entregó $200.000 en efectivo, pero los secuestradores insistieron en que debía conseguir $4.000.000. Para reforzar sus amenazas, detuvieron el vehículo y T.M. exhibió un arma de fuego mientras le mencionaban datos personales para infundirle temor. Finalmente, le quitaron su teléfono celular y lo obligaron a presentarse esa misma noche en una casa de Villa Gobernador Gálvez, desde donde lo llevarían al día siguiente a recorrer bancos y entidades financieras para obtener el dinero.
Atemorizado, la víctima decidió no presentarse en la dirección indicada. Sin embargo, el 19 de octubre, los cuatro imputados fueron hasta su casa y comenzaron a golpear la puerta mientras gritaban su nombre. Al no obtener respuesta, se retiraron, pero volvieron horas después junto a dos cómplices no identificados en dos vehículos: un Chevrolet Aveo, propiedad de Sosa, y un Renault Clio, perteneciente a T.M. y R.M. Al salir la víctima de su casa, fue interceptada por Sosa, T.M. y un tercer hombre, quienes lo sujetaron, lo golpearon y lo obligaron a subir a uno de los autos bajo amenazas con armas de fuego.
Lo trasladaron hasta una vivienda en la calle Pueyrredón, donde continuaron golpeándolo y revisaron su teléfono, extrayendo información de sus contactos. Uno de los secuestradores tomó nota de los datos obtenidos. Luego, bajo coacción, lo obligaron a firmar documentos similares a cheques por valores que ascendían hasta los diez millones de pesos. Posteriormente, acordaron liberarlo, pero con la condición de que al día siguiente, 20 de octubre, lo recogerían en su domicilio para llevarlo a distintos bancos y mutuales hasta que consiguiera el dinero exigido.
A raíz de la denuncia y las pruebas reunidas, la Fiscalía organizó un operativo para anticiparse a la llegada de los secuestradores. El 20 de octubre, alrededor de las 9:15 h, un Chevrolet Aveo identificado en la investigación se presentó en la casa de la víctima. En ese momento, las autoridades intervinieron y lograron la detención de dos de los implicados. Paralelamente, se ordenó un allanamiento para dar con T.M. y R.M., pero no fueron encontrados en ese momento.
Meses después, en septiembre de 2024, la investigación permitió localizar a los prófugos en la localidad de Carreras, cercana a Melincué. Finalmente, el 20 de septiembre, las fuerzas de seguridad lograron su captura, completando así la detención de los cuatro imputados involucrados en el caso.
