El Gobierno reduce sueldos jerárquicos y estructura de ARCA para achicar el gasto público
El recorte del gasto implica reducción de sueldos, presupuesto y esquema organizativo.
El Gobierno anunció la reestructuración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante el Decreto 13/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida busca reducir el gasto público mediante la disminución de un 80% en los sueldos de los cargos jerárquicos, así como el recorte del presupuesto y del esquema organizativo del organismo.
El presidente Javier Milei, junto al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía y Desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, firmaron el decreto que da inicio a esta reforma. La decisión había sido anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó en su cuenta de X: “Se terminan los privilegios y el gasto desenfrenado en ARCA”. Además, informó que “el Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que reduce el sueldo del Director Ejecutivo y de los directores generales en un 80%”.
Según lo anunciado, la reducción del presupuesto incluye una baja en la cuenta de jerarquización de la recaudación del 0,65% al 0,60%, generando un ahorro estimado de 121.000 millones de pesos durante 2025. Asimismo, se instó a las autoridades del ARCA a reducir la estructura jerárquica inferior en un 45%, medida que se espera contribuya a la eficiencia del organismo.
La disminución salarial equipara el sueldo del Director Ejecutivo de ARCA con el de un ministro, mientras que los directores generales de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) recibirán la misma remuneración que los secretarios de Estado. Esto elimina los beneficios de la Cuenta de Jerarquización para altos cargos, que permitía incrementar los salarios según un porcentaje de la recaudación. Con la nueva norma, el titular de ARCA, Juan Pazo, verá reducido su salario mensual de 32 millones a 4 millones de pesos.
Esta reestructuración forma parte de la implementación de la Ley Bases, que declaró la emergencia pública en diversas áreas por un año y delegó al Ejecutivo facultades para reformar la administración pública. El objetivo principal de esta ley es “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente y eficaz, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal, disminuyendo el déficit fiscal y equilibrando las cuentas públicas”.
La decisión representa un avance en el plan de ajuste fiscal promovido por el Gobierno, orientado a reducir el gasto y garantizar una administración financiera más transparente.
