Tensión entre el Gobierno Nacional y la CGT: un año marcado por conflictos y falta de acuerdos
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo rechazó las políticas económicas con un paro general en enero. Pasados los meses, se sumó una segunda medida de fuerza y mayor tensión al vínculo entre la central obrera y el Ejecutivo Nacional, para finalizar un 2024 confrontados.
El 2024 finaliza con una relación profundamente deteriorada entre el Gobierno Nacional, liderado por Javier Milei, y la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezada por Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello, quienes asumieron el liderazgo tras la salida de Pablo Moyano.
Desde el inicio de la gestión de Milei, las diferencias entre ambas partes se hicieron evidentes. El 24 de enero, la CGT, junto a las dos CTA, llevó adelante un paro general en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y a la Ley Ómnibus presentada en el Congreso, cuestionando las políticas económicas del Ejecutivo.
A medida que avanzó el año, el diálogo entre el Gobierno y la CGT se tornó cada vez más limitado. El 9 de mayo, la central obrera lideró una nueva medida de fuerza nacional, argumentando que las políticas oficiales estaban llevando a varios sectores del país a una situación crítica desde el punto de vista económico, productivo y laboral.
En julio, el Consejo Directivo de la CGT se reunió para definir acciones frente a los cambios introducidos por el Gobierno en la Ley Bases, señalando que se trataban de medidas propias de una reforma laboral. Tras este encuentro, la CGT decidió retirarse de la mesa de diálogo con el Ejecutivo y el sector empresarial.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, intentó mediar, instando a la central obrera a reflexionar y señalando la importancia del diálogo. Sin embargo, lejos de lograr un acercamiento, la CGT endureció su postura, criticando la reglamentación unilateral del Impuesto a las Ganancias y la creación de una figura de trabajadores independientes bajo el régimen de monotributo, ambas contenidas en la Ley Bases.
En septiembre, la CGT participó de una movilización en el Congreso de la Nación para manifestarse contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria que anulaba un aumento de 18.000 pesos en los haberes y, al mismo tiempo, expresó su rechazo a las políticas económicas promovidas por el FMI. Durante la protesta, Moyano, quien aún formaba parte del triunvirato, llamó a los legisladores a frenar el avance de las medidas impulsadas por el Gobierno.
Ese mismo mes, tras una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ambas partes acordaron la creación de una comisión tripartita con representantes del Gobierno, la CGT y empresarios, para discutir puntos sensibles de la reforma laboral. Sin embargo, la tregua fue breve: en octubre, Moyano manifestó la necesidad de confrontar con el Gobierno y apoyó el paro de transporte convocado para el 30 de ese mes.
La CGT cerró el año con críticas a la Resolución 57/2024, que habilitó la desregulación del transporte automotor de pasajeros. Según la central, esta medida no solo degrada los derechos laborales, sino también perjudica a los usuarios del sistema.
Por otro lado, la postergación de una reunión clave para discutir la penalización de los bloqueos gremiales evidenció la falta de avances en las negociaciones. Desde la CGT, atribuyeron la suspensión a «cuestiones de agenda», aunque el trasfondo sigue siendo la falta de consenso con el Gobierno.
El 2024 deja un panorama tenso entre el Ejecutivo y la CGT. Con la salida de Pablo Moyano del triunvirato cegetista y la falta de acuerdos en temas cruciales como la reforma laboral, el transporte y la obra pública, el próximo año promete nuevos desafíos en la relación entre el Gobierno de Javier Milei y los sectores sindicales.