La Provincia destruyó dos puntos de venta de drogas vinculados a la banda de “Lichi” Romero

Se trata de domicilios ubicados en las calles Bello 3936 y Oria 4055 en la ciudad de Rosario. En el marco de la Ley de Microtráfico se inactivaron este año 36 puestos de venta de estupefacientes en toda la provincia, de los cuales 27 fueron en Rosario, detalló el ministro Cococcioni.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Giró y Franco Carbone, encabezó este martes la inactivación de dos inmuebles en la zona noroeste de la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a comienzos de la gestión de gobierno de Maximiliano Pullaro.

Durante el procedimiento, que se llevó adelante en los domicilios de las calles Bello 3936 y Oria 4055, Cococcioni aseguró que “son lugares muy emblemáticos desde el punto de vista de la seguridad porque algunos de los grupos que gestionaba estos puntos de venta ocasionaron balaceras, heridos de armas de fuego e incluso fue un lugar que tuvo actividad comandada desde la cárcel de Piñero hasta hace un año” y explicó que se trataba de lugares “vinculados a Hernán ‘Lichi’ Romero -jefe del clan Romero- que habían sido allanados en varias oportunidades, siendo viejos puntos de venta, pero que seguía funcionando, produciendo una degradación del entorno en la convivencia con los vecinos por los hechos violentos y la circulación de violencia que era permanente”.

Por otra parte, el ministro anunció que “en los próximos días iremos a la Legislatura a fundamentar una tercera opción de inactivación de estos lugares, proponiendo directamente la ocupación positiva del lugar con actividades estatales o sociales como forma de impedir que vuelvan a apropiarse los delincuentes de un lugar inactivado” y rememoró que durante este año se inactivaron “36 puestos de venta de estupefacientes en toda la provincia, de los cuales 27 fueron en Rosario”.

Denuncias de vecinos

Seguidamente, el fiscal Diego Giró, hizo un repaso de la investigación por la que se llegó a la inactivación de estos búnkers, afirmando que fue por “llamados de vecinos que daban cuenta de venta de estupefacientes en estos lugares. A raíz de eso se coordinó con la PDI una investigación que comenzó en agosto y se pudo constatar las ventas de estupefacientes de manera constante” y agregó que el domicilio de calle Oria 4055 “se usaba como lugar de acopio y habían montado una carpa enfrente para vender en la calle. Luego se llevaron a cabo diversos allanamientos, se secuestró material estupefaciente, se detuvo a personas que estaban en el lugar y eso derivó en el pedido de inactivación con bloqueo de aberturas”.

Por último, el funcionario del MPA se refirió a la zona, asegurando que “históricamente estuvo vinculada a la banda de ‘Lichi’ Romero, quien está preso como jefe de una asociación ilícita y por delitos conexos y estos búnkeres fueron usados por personas mayores de edad que pertenecían a esta banda, quienes hoy están detenidos tras diversos allanamientos realizados en las últimas dos semanas”.

Ley de microtráfico

Este tipo de operativos de inactivación y derribo de bunkers que se da en el marco de la ley de Microtráfico comenzó a principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales. Se trata de una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa.

También se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.

La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.