El Gobierno dispuso el cierre de cinco fondos fiduciarios por irregularidades en su gestión.
Fue por mal uso de recursos, falta de controles y resultados: cuáles son
A través del Decreto 1048/24, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional anunció la disolución de cinco fondos fiduciarios públicos tras detectar graves irregularidades en su funcionamiento. Según un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), los fondos presentaban problemas como mal uso de recursos, falta de controles y escasos resultados.
La medida afecta a los siguientes fondos fiduciarios:
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)
Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria
Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata
Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE)
Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA)
Desde el Ministerio de Economía justificaron la decisión afirmando que estos fondos “registraron un pésimo uso de los recursos, falta de controles adecuados y resultados deficientes”, lo que llevó a priorizar su cierre para garantizar una mejor asignación y administración de los recursos estatales.
FONDCE: Creado en 2017 para financiar emprendimientos, presentó graves deficiencias en la gestión de inversiones, rendición de cuentas e indicadores de gestión. El nivel de morosidad alcanzó los $70 millones al 31 de diciembre de 2023, con un 58% de deudores que no abonaron ninguna cuota, lo que comprometió la estabilidad financiera del fondo.
Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria: Según SIGEN, los recursos excedían las necesidades operativas, las bases de datos no estaban actualizadas y los registros carecían de soporte confiable. Esto dificultaba determinar con precisión el universo de deudores y su situación vigente.
PROINE: Creado en 2020 con la finalidad de fomentar el empleo e inversiones estratégicas, no registró ingresos de bienes fideicomitidos ni operaciones fiduciarias en cuatro años. La falta de funcionamiento justificó su cierre.
Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata: Este fondo, destinado a administrar bienes decomisados en causas de trata y explotación, presentó incumplimientos en los pagos a las víctimas y plazos establecidos. El Ejecutivo aseguró que los objetivos de la Ley 26.364 continuarán siendo atendidos mediante partidas presupuestarias administradas por el Ministerio de Justicia.
PROICSA: Creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA, su financiamiento terminó en 2020. Economía indicó que, tras más de una década de funcionamiento, su administración resultaba costosa y discrecional, sin controles ni resultados acordes a los objetivos originales.
La cartera económica liderada por Luis Caputo subrayó que estas decisiones forman parte de un proceso de revisión y saneamiento de los fondos fiduciarios públicos para corregir desvíos e ineficiencias. En algunos casos, las funciones de los fondos serán transferidas a otras dependencias, como el Ministerio de Justicia o el propio Ministerio de Economía, para garantizar el cumplimiento de los objetivos iniciales.
Con esta decisión, el Gobierno busca optimizar los recursos estatales y mejorar la transparencia en la gestión pública, en un contexto de creciente demanda por mayor eficiencia en la administración de los bienes públicos.
