Escándalo en la Fuerza Aérea: desplazan al jefe de la FAA por uso indebido de aeronaves y denuncias de abuso
Una cadena de complicidades habría generado que algunas causas se taparan, pero en esta ocasión una de ellas vio la luz y desde el Gobierno le ordenaron a Luis Petri que desplace a Fernando Luis Mengo.
El desplazamiento del brigadier Fernando Luis Mengo como jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) desató una controversia en la institución y en el Ministerio de Defensa. Las acusaciones contra Mengo incluyen el uso indebido de aeronaves oficiales y presuntos casos de acoso que, según fuentes oficiales, habrían sido encubiertos durante años.
Una mujer denunció al exjefe de la FAA por acoso, pero según fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, «no sería la única acusación». Varias demandas anteriores habrían sido archivadas por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dirigida por Marco Alberto Constenla, quien, de acuerdo con las mismas fuentes, mantenía una relación de amistad con Mengo.
Además de las denuncias de acoso, Mengo habría utilizado aeronaves oficiales para fines personales, como viajes a Entre Ríos junto con Constenla, su antecesor en la DNIEM Francisco Javier Moliterno y otros allegados. Estas actividades, que incluían reuniones informales y recreativas, fueron registradas en videos de seguridad que ya están en poder del Gobierno Nacional.
El ahora exjefe de la FAA también habría utilizado aviones de la fuerza para trasladar a familiares y amigos a distintas provincias para actividades de turismo, lo cual está expresamente prohibido.
El ministro de Defensa, Luis Petri, decidió apartar a Mengo de su cargo luego de que una mujer, frustrada por la falta de avance en su denuncia, decidió escalar el caso directamente a funcionarios de la actual gestión de Javier Milei. La conexión entre Mengo y Constenla, que incluiría acuerdos comerciales además de una amistad personal, habría sido clave para encubrir las acusaciones.
El desplazamiento de Mengo abre una investigación más amplia que podría alcanzar a otros funcionarios involucrados en los presuntos encubrimientos y usos indebidos de recursos públicos.
