El Gobierno anunció no modificará el decreto que limita el acceso a la información pública.
A pesar de las promesas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y tras las críticas de la oposición, el vocero presidencial justificó las modificaciones en la ley.
A pesar de las críticas generadas por el reciente decreto que restringe el acceso a la información pública, el Gobierno Nacional confirmó que no realizará modificaciones, tal como había prometido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso. En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que no habrá cambios en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Adorni justificó la medida al afirmar que se busca «que el acceso a la información pública sirva para eso y no destinar más recursos de lo necesario». Además, señaló que, aunque el espíritu de la ley es garantizar el acceso a la información gubernamental, esto no debe comprometer la privacidad de los funcionarios. “Durante esta gestión, hemos recibido solicitudes que no tienen relevancia para la sociedad, como preguntas sobre las preferencias personales de los funcionarios o sus mascotas”, ejemplificó.
El vocero también subrayó que el incremento de las solicitudes de acceso ha sido notable en los últimos años, con un aumento significativo en 2023. A pesar de esto, afirmó que no se han presentado judicializaciones ni amparos respecto a las respuestas brindadas por el Gobierno, lo que, según él, refleja que las solicitudes no afectan la transparencia.
En cuanto a las declaraciones del jefe de Gabinete, Adorni aclaró que Francos se refería a la disposición de realizar modificaciones si se detectaran errores en la legislación, pero que este no es el caso. No obstante, no descartó la posibilidad de realizar «aclaraciones adicionales» si fuera necesario.
El Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, modificó el alcance de la «información pública», excluyendo aquella de naturaleza privada o que no comprometa un interés público. Además, el decreto hace referencia al principio de «buena fe», advirtiendo que la violación de este principio por parte de quienes soliciten información podría estar sujeta a sanciones conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.
