Extorsión a beneficiarios de planes sociales: la justicia allanó 14 domicilios vinculados a movimientos sociales
Se secuestraron varios celulares y gran volumen de documentación para consolidar la investigación. Fueron identificadas 16 personas.
En el marco de la causa judicial que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales por parte de integrantes de agrupaciones militantes, el juez Ariel Lijo ordenó a la Policía Federal Argentina (PFA) realizar 14 allanamientos en domicilios vinculados a diversos movimientos sociales. Esta acción se llevó a cabo tras las denuncias presentadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Los allanamientos se efectuaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en distintas localidades del Conurbano Bonaerense, incluyendo Guernica (Presidente Perón), Tristán Suárez, Ingeniero Budge, San Justo, Sarandí, Rafael Calzada, Pablo Nogués, Maquinista Savio y el municipio de Malvinas Argentinas. Los movimientos sociales involucrados en la investigación son CTD Aníbal Verón, Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Confluencia Popular y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL).
Durante los operativos, se secuestraron varios celulares y un gran volumen de documentación relevante para consolidar la investigación. Además, fueron identificadas 16 personas.
La causa se originó a raíz de denuncias recibidas en la línea 134 del Ministerio de Seguridad, donde se manifestaba que beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y otros tipos de asignaciones y planes sociales eran amenazados con perder sus beneficios si no participaban en las movilizaciones sociales convocadas por referentes militantes de las agrupaciones mencionadas.
En CABA, se allanó un local de reunión del MTL en el barrio de Parque Patricios, donde se secuestraron cuadernos con anotaciones, una chequera y un celular. En Tristán Suárez, se allanó un merendero del Movimiento Evita, donde se secuestraron celulares y se identificaron dos mujeres. Otro merendero fue allanado en Ingeniero Budge, donde se secuestró documentación vinculada a las cooperativas Unidos Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
En San Justo, se allanó la sede de la agrupación Unidad Carrillo, del Partido Justicialista. También se realizaron allanamientos en domicilios de referentes sociales en Sarandí y Pablo Nogués, donde la PFA secuestró celulares y documentación. Un depósito de la agrupación Confluencia Popular fue allanado, secuestrándose un cuaderno con anotaciones.
En Maquinista Savio, la justicia allanó la oficina del Movimiento Evita y de la Cooperativa La Esperanza y Evita Pueblo, donde se secuestraron carpetas, biblioratos, planillas, facturas y recibos. En merenderos de Malvinas Argentinas, también se secuestró documentación relevante.
Todo el material probatorio será analizado por la justicia para determinar a los responsables de lucrar con los que menos tienen. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo de Ariel Lijo, secretaría 7, a cargo de Diego Arce.
La línea 134 es un contacto telefónico del Gobierno Nacional para realizar denuncias anónimas.
