Casi 30 allanamientos y varios imputados por “extorsión” para concurrir a protestas
Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad por llamados realizados a la línea 134.
Alrededor de 30 allanamientos se realizaron este lunes en el marco de una investigación por posibles extorsiones de varios dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a protestas.
La investigación sobre las posibles extorsiones llevó a la realización de alrededor de 30 allanamientos el pasado lunes. Estos procedimientos fueron solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad debido a los cientos de llamados realizados a la línea 134, habilitada por la cartera que conduce Patricia Bullrich.
En total, 27 dirigentes sociales fueron imputados por el delito de extorsión. Entre ellos se encuentran Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos pertenecientes al Partido Obrero, así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.
Los métodos de extorsión utilizados estaban relacionados con los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Estos dirigentes obligaban a los afiliados a pagar una “cuota” para el funcionamiento de los comedores, a vender alimentos en la zona y a asistir a manifestaciones, bajo amenaza de perder la ayuda o no recibir los animales asignados.
Para controlar la asistencia a las marchas, se imponían castigos como multas (en algunos casos, hasta 10 mil pesos por cada marcha) o la prohibición de retirar alimentos proporcionados por el Estado. Además, se crearon “listas de espera” para acceder al plan Potenciar Trabajo, y quienes querían beneficiarse debían cumplir con ciertas condiciones, como asistir a marchas o contribuir al comedor.
La fiscalía cuenta con mensajes que demuestran cómo los referentes o delegados transmitían sanciones, como la exclusión de alimentos o la obligación de asistir a marchas específicas. Los delitos imputados incluyen extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los allanamientos se llevaron a cabo en comedores y casas particulares, y se basaron en tareas de inteligencia y escuchas telefónicas autorizadas por el juzgado. Según la fiscalía, los imputados desviaron ilegítimamente fondos públicos y alimentos destinados a la asistencia social de las personas más necesitadas.
