Enviaran un proyecto al Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior
Petri y Bullrich presentaron una serie de iniciativas, entre los que se destaca las pena contra los organizadores de piquetes, la ley antimafia y de reiterancia, y la ampliación del registro de ADN.
El Gobierno Nacional ha anunciado su intención de enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior. Esta modificación busca ampliar las facultades de las fuerzas armadas en situaciones específicas de «terrorismo». Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) comunicaron en una conferencia de prensa que esta decisión se tomó debido a la situación crítica en la ciudad de Rosario, lo que llevó al envío de fuerzas federales.
El presidente Javier Milei ha instruido a los ministros para que actúen con la plenitud de las capacidades del Estado ante actos terroristas detectados, promoviendo tareas coordinadas entre todos los poderes del Estado. La modificación propuesta permitiría a las Fuerzas Armadas intervenir y asegurar operaciones de seguridad interior bajo circunstancias particulares relacionadas con el terrorismo.
Además, el Gobierno está promoviendo una nueva legislación en el Congreso Nacional para proporcionar alternativas que permitan a las Fuerzas Armadas brindar un mayor apoyo en tareas específicas de seguridad interior. Sin embargo, el ministro de Defensa enfatizó que las Fuerzas Armadas solo podrán actuar si el Comité de Crisis identifica actos terroristas y con el consentimiento del gobernador de la provincia afectada.
Los ministros también señalaron la intención de avanzar en la modificación del Código Penal y enviar tres leyes autónomas que consideran «necesarias»: la Ley Antimafias, la Ley de Reiterancia y cambios en el registro de ADN. Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de normativas incluidas en la Ley Ómnibus, que el Gobierno ha decidido enviar en un paquete más limitado debido a su carácter urgente.
Finalmente, se mencionó que se impondrán penas a los organizadores de piquetes como parte de las medidas para combatir la inseguridad.
Penas para los organizadores de piquetes
En otro pasaje de la conferencia, Bullrich sostuvo que avanzará en la reforma del artículo 194 del Código Penal, para aumentar las penas de 4 a 6 años para aquellos «que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas».
La dos veces titular de Seguridad especificó que los bloqueos a comercios, industrias y a cualquier tipo de establecimiento serán penados con 4 hasta 6 años de prisión. “Hay mecanismos institucionales, el derecho a la huelga y a impedir que las empresas trabajan es algo que va a estar agravado ”, argumentó.
Otras proyectos
Respecto a la presentación de la Ley Antimafias, Bullrich destacó que se trata de una norma desarrollada en Italia y aplicada en El Salvador en la que busca penar los sucesión de hechos encadenados, que fueron planificados para cumplir con el objetivo final de las bandas criminales.
«El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una organización y que son los que cometen distinto tipo de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, afirmó, y completó: “¿Qué significa organización criminal? Es una organización que tiene en vilo a una zona o a un barrio y allí ya no rigen las leyes de la nación, sino las leyes de este grupo narco o lo que fuera”.
En la misma sintonía, planteó la necesidad de implementar modificaciones en el registro de ADN para ampliarla a los delincuentes a los que se los impute. “Hoy en la Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales, pero cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, sostuvo.
La ministra insistió también en avanzar con la Ley de Reiterancia, aplicada en la provincia de Mendoza, en la que la reiteración del delito implicará la prisión inmediata. «Si repetis delito, vas preso. Con esto cortamos con la impunidad que siente la gente”, argumentó.
Por último, se modificará la Ley de Legítima Defensa: “Para eso hemos plantado un artículo 34, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios y las víctimas aquellos que comenzaron el hecho delictual”.
A través de la incorporación de elementos a evaluar, también se contemplará “el caso de que dispara mientras se va alejando del que se defiende”, y concluyó: «Las fuerzas de seguridad tiene que perseguir al delito y al delincuente, es obligación defender a la sociedad de los delincuentes, y si los dejan libres sabiendo que están armados es incumplimiento del deber”.
