Una amiga de narco preso, imputada por amenazar a obreros que derribaban un búnker de drogas
La chica, identificada como Leila Schmitt, fue acusada por el fiscal Aníbal Vescobo, quien le atribuyó los delitos de amenazas coactivas y resistencia a la autoridad, precisó la Fiscalía Regional Rosario.
Una amiga del joven narcocriminal rosarino Alan Funes, condenado por homicidio y tráfico de drogas, fue imputada por amenazas al personal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe que derribaba un «búnker» de venta de estupefacientes el último viernes, aunque quedará en libertad si abona una caución de 400.000 pesos, informaron hoy fuentes judiciales.
La chica, identificada como Leila Schmitt, fue acusada por el fiscal Aníbal Vescobo, quien le atribuyó los delitos de amenazas coactivas y resistencia a la autoridad, precisó la Fiscalía Regional Rosario.
De acuerdo con la imputación, las amenazas ocurrieron el último viernes a las 9.45, cuando personal del Departamento de Logística del Ministerio de Seguridad de Santa Fe realizaba tareas para demoler una edificación ubicada en calle Ayacucho al 4300, en el barrio Tablada situado al sur de Rosario.
«¿Qué hacen acá? Esta es mi casa. Ustedes no pueden tocar nada. No saben lo que les va a pasar», les dijo la chica a quienes demolían el inmueble, que fue la casa de la infancia de Funes (24).
Al salir a la vereda, fue detenida por personal policial, indicaron voceros del caso.
La mujer adujo que vivía en esa vivienda, que es de la familia Funes, un clan narcocriminal del sur de Rosario enfrentado a otra familia de la zona, los Camino, parientes del asesinado exjefe de la barrabrava de Newell’s Old Boys, Roberto «Pimpi» Camino.
Tras la advertencia, los trabajadores que demolían la construcción, pertenecientes a una cooperativa contratada por el Gobierno provincial, dejaron sus tareas.
El lugar, que fue allanado en varias oportunidades por órdenes judiciales en causas de narcocriminalidad, fue uno de los cinco inmuebles que la jueza Silvina Castelli ordenó derribar la semana pasada.
La medida es posible desde que a fines de diciembre la Legislatura de Santa Fe adhirió a la ley nacional que habilita la desfederalización de la persecución penal de pequeñas causas de comercio de estupefacientes.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que la jueza de la audiencia en la que fue imputada la chica, Hebe Marcogliese, formalizó la acusación y le otorgó la libertad a Schmitt, bajo de una serie de restricciones.
Entre ellas, la jueza estableció que la chica debe fijar un domicilio; no puede acercarse a personal del Departamento de Logística de la cartera de Seguridad; tampoco hacerlo al inmueble de Ayacucho al 4300; y presentar una caución real por $400.000, precisaron los informantes.
El fiscal acusó a la mujer de haber impedido la ejecución de la orden judicial al amenazar a los gritos al personal del Ministerio de Seguridad santafesino que actuaba en el lugar.
La casa, cuyo frente enuncia en una pintada la existencia de una «gomería», fue la residencia de la familia Funes cuando en marzo de 2016 fue asesinada allí Mariela Miranda, la madre de Alan y de sus hermanos, entonces en pareja con Jorge «Gordo» Funes.
Ese crimen, por el que fue imputado Alexis Camino, hijo de «Pimpi», desató más de una decena de asesinatos entre ambos bandos, que además de cuestiones personales se disputaban el negocio de la violencia y el narcomenudeo en tres barrios del sur de la ciudad santafesina.
Dos hermanos de Alan, Ulises y Jonathan, fueron asesinados en el verano de 2018 con pocos días de diferencia, en medio de aquella disputa.
Por su parte, Alan cumple condena en una cárcel federal por narcotráfico y homicidio y está acusado de encargar el crimen de una chica por no querer vender drogas para él.
Según voceros judiciales, Schmitt es una de las pocas personas que lo visitaba habitualmente en su lugar de encierro.
