Organizaciones sociales marchan y se pone a prueba el protocolo antipiquete, avalado por la Justicia

Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán hoy la primera movilización «contra el ajuste económico» del gobierno de Javier Milei, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y que se convertirá en la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

La puesta en vigencia del protocolo antipiquete establecido a través de la Resolución 943/2023 publicada el pasado 15 de diciembre en el Boletín Oficial fue ratificada hoy por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, a través de la red social X (antes Twitter) celebró una decisión judicial que en las últimas horas rechazó un hábeas corpus colectivo que había sido presentado por el Servicio de Paz y Justicia, cuyo referente es el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a otras organizaciones.

«¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal!», destacó la funcionaria esta madrugada, quien remarcó que así «lo resolvió la Justicia» y sostuvo que «solo quienes ignoran la ley viven fuera de ella podían pensar lo contrario».

De esta forma, Patricia Bullrich hizo referencia a una decisión adoptada por el juez de instrucción Gustavo Pierretti, quien rechazó el hábeas corpus preventivo y colectivo con el que se había pedido que se dejara sin efecto el protocolo dispuesto por el Gobierno Nacional.

Ayer, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16.30, se desplazará desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra «en absoluta paz» y en el marco de un «estricto cumplimiento de la ley».

«Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña», afirmó Adorni en su conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El portavoz presidencial ratificó además que quien participe hoy de algún corte de calle «dejará de percibir el plan social», tal como advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para «recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario».

Adorni reafirmó que, para el gobierno nacional, la «decisión está tomada y es hacer cumplir la ley» en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Ejecutivo, que será aplicado hoy por primera vez durante la movilización de la UP.

Para «frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI» y «defender el derecho a la protesta», es la consigna de la marcha que protagonizarán los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.

Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas: una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo donde se leerá un documento acordado entre las distintas agrupaciones.

«El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes», sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer ayer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.

Allí también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de «inconstitucional» y bregaron por «la defensa del derecho a la protesta».

En tanto, esta mañana, Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Polo Obrero, anticipó en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos que los manifestantes arribarán a la ciudad de Buenos Aires a bordo del tren.

En un encuentro que tuvieron ayer con la prensa, varios dirigentes exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT), para que «ante cualquier hecho represivo que ocurriese mañana (por hoy) llame a un paro nacional activo».

De la conferencia participaron representantes de las distintas organizaciones convocantes como la Unión Ferroviaria, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Suteba, metrodelegados AGTSyP, y de la Asociación Gremial Docente (ADG), entre otras.

También estuvieron presentes legisladores y referentes del Frente de Izquierda-Unidad como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Romina Del Plá, quienes recibieron con aplausos a la histórica Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.

Por su parte, el dirigente social Juan Grabois anunció la conformación de una comisión que oficiará «como veedora de los derechos humanos» en la movilización convocada para mañana, en un texto escrito conjuntamente con Nacho Levy, referente del colectivo Garganta Poderosa.

En tanto, el Gobierno bonaerense confirmó que no aplicará el protocolo en el territorio provincial porque «criminaliza la protesta» y «sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia», consideró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

En contraposición a la postura de la administración de Axel Kicillof, el Ministerio de Seguridad porteño difundió ayer, en sintonía con el Gobierno nacional, un protocolo con limitaciones y advertencias de sanciones y medidas restrictivas ante la movilización y destacó que la prioridad es «cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social».

La cartera que encabeza Waldo Wolff difundió las «disposiciones para la realización de manifestaciones y marchas» de «acatamiento obligatorio» que prohíben «interrumpir el tránsito vehicular», y «participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria», entre otras restricciones.