Imputaron a Sain, ex ministro de Seguridad de la provincia y a otros siete exfuncionarios.
Se los acusó de conformar una asociación ilícita que realizaba actividades de inteligencia ilegal-
En la jornada de ayer se llevó adelante la audiencia imputativa contra el ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe Marcelo Sain, quien fue acusado junto a otros siete ex funcionarios, según la investigación de los fiscales Hernández y Grimberg, realizaban tareas de inteligencia contra políticos, empresarios y sindicalistas.
Los Fiscales Hernández y Grimberg, indicaron que hacían carpetas a las que denominaban “perfiles” en las que incluían desde datos acerca de multas de tránsito hasta antecedentes penales, registros de salidas al exterior, bienes y capacidad financiera, entre otros. También incorporaban información de familiares y allegados de las personas “perfiladas”. Utilizaban bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); legajos y expedientes penales e información obtenida en “tareas de calle”. También se investigan órdenes dadas a la policía –y la omisión de control– para que realice torturas o vejaciones a personas privadas de su libertad. Además, tres de los imputados son investigados por haber sustraído para ellos dinero de partidas de gastos reservados.
Un exministro de Seguridad de la provincia y otros siete ex funcionarios fueron imputados hoy por haber conformado una asociación ilícita que, entre otros delitos, se dedicaba a la realización de actividades de inteligencia ilegal. La atribución delictiva fue llevada a cabo en la ciudad de Santa Fe por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.
De acuerdo con la atribución delictiva, al exministro investigado –de iniciales MFS y 57 años– se le endilgó ser el jefe de la organización criminal. Por su parte, otras dos personas fueron imputadas como organizadoras: NS de 46 años, quien se desempeñaba como asistente técnica Nivel I del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control; y DVC de 46 años, quien era jefa de Departamento de Inteligencia Criminal (Zona Sur) del Organismo de Investigaciones (OI).
Las otras cinco personas fueron imputadas como miembros de la organización (Ver Delitos).
Asociación ilícita
Según planteó la Fiscalía en la imputación, la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años, desde –al menos– el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Tenía estructura piramidal, era encabezada por el exministro de Seguridad y por las dos organizadoras y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas (una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el OI).
“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, informó el MPA y agregó que “por ese motivo, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
Estructura piramidal
En relación al jefe de la banda criminal, se le atribuyó haber coordinado la estructura que recopilaba ilegalmente información de personas físicas y jurídicas. En tal sentido, la Fiscalía puntualizó que “en uso de su jerarquía como ministro de Seguridad, utilizó partidas de gastos reservados, omitió deliberadamente controlar al personal a su cargo, contrató servicios, personas y dispuso de otros medios para que la organización ejecute las actividades de inteligencia prohibidas”.
“También dictó órdenes abusivas y contrarias a la legislación para que se aplique violencia contra personas privadas de su libertad, y omitió deliberadamente controlar el accionar abusivo y violento de la policía en determinados casos”, destacó el MPA.
En cuanto a las personas imputadas como organizadoras, la Fiscalía hizo hincapié en que la información ilegal de los perfilamientos era producida por personas que dependían de ellas. Una vez construidos los datos, las dos organizadoras los compartían entre ellas y, finalmente, se los remitían al jefe de la asociación ilícita.
“En ese contexto, las dos organizadoras eran quienes, entre otras actividades ilícitas, ordenaban realizar informes de inteligencia (a los que llamaban “perfiles”; “dossier”) de personas que elegían por sus opiniones políticas, por sus pertenencia a partidos políticos, organizaciones o empresas”, advirtió la Fiscalía. “En algunos casos, ellas mismas gestionaban información de causas penales que tramitaban en el MPA y en la Justicia Federal gracias a sus relaciones personales con distintos funcionarios”, se especificó.
Acerca de las cinco personas investigadas como miembros de la asociación ilícita, se les endilgó ejecutar las órdenes ilegales que recibían, a pesar de que sabían que eran contrarias a la ley.
“Obtenían, registraban, sistematizaban y analizaban la información conseguida ilegalmente, y luego la transmitían a las organizadoras y al jefe de la asociación ilícita. Simultáneamente, realizaban maniobras para evitar que el resto de los integrantes del Ministerio de Seguridad y del OI se enteraran de la inteligencia ilegal que realizaban”, se subrayó.
Perfilamientos
De acuerdo con lo explicado en la audiencia, los denominados “perfilamientos” consistían en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la provincia de Santa Fe.
Entre las víctimas hay legisladores; funcionarios políticos; autoridades judiciales; dirigentes gremiales; profesionales; periodistas y empresarios. Además, también recopilaban datos de familiares de todos ellos y de su entorno laboral.
La Fiscalía sostuvo que para la realización de los “perfilamientos”, los imputados utilizaban información que extraían de bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); de legajos y expedientes penales; de evidencias obtenidas en “tareas de calle” en el marco de investigaciones y también de informantes, medios de comunicación y redes sociales.
La información que se incluía en estos “perfiles” o “dossier” contemplaba datos filiatorios; composición de grupo familiar; antecedentes laborales; información financiera, patrimonial e impositiva; carácter de empleador y personas bajo relación de dependencia; movimientos migratorios; beneficiario de servicios o prestaciones sociales, educativas y/o de salud; antecedentes policiales y judiciales; información catastral; infracciones de tránsito; socios de las empresas, capital social y objeto; fotografía del DNI; si integró alguna lista electoral en la provincia; entre otros.
“Estas acciones de inteligencia están prohibidas por la ley 25.520. Fueron realizadas sin respetar principios básicos de inteligencia criminal, al tiempo que los datos obtenidos ilegalmente fueron divulgados sin que medie orden o dispensa judicial”, recordó la Fiscalía. “Con ellas, la organización criminal procuró influir en la situación institucional, política, policial y social de la provincia de Santa Fe, así como influir en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión y en asociaciones y agrupaciones provinciales”, argumentó el MPA.
Violencia institucional
La Fiscalía también afirmó que “la evidencia con la que contamos nos permite dar cuenta de que en reiteradas oportunidades, el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. En tal sentido, se relató que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.
Uno de estos hechos ilícitos fue cometido el 7 de febrero del año pasado. Un abogado le informó a la imputada de iniciales NS –en su carácter de funcionaria de la Agencia de Control Policial– que personal policial había detenido a un menor de edad al que estaban golpeando en una comisaría. Ante la noticia, la imputada informó al exministro de Seguridad quien le indicó: ‘Ni se te ocurra intervenir. Y si intervienen, háganse los boludos’.
“La imputada asintió y cumplió la orden. Además, le ordenó a quien era directora de Asuntos Internos que su actuación debía consistir en decir que el menor ‘se autolesionó’ y ‘que no lleguemos, que lleguemos tarde’”, describió la Fiscalía.
En otros hechos de similares características, hay registros de diálogos entre los imputados que incluyen expresiones como “Leña, bolsa”; “Dale un toquecito”; “Una sarandeadita. Chiquita”; “Inducile un coma”; “Aprétenlos mucho a todos!!!!”; “Que sientan miedo”.
En esa misma línea, otro de los hechos atribuido fue cometido el 20 de marzo de 2020. Según relató la Fiscalía, el exministro de Seguridad imputado ordenó que no se dé comida y bebida a una mujer que había sido privada de su libertad junto con sus mascotas en Rosario, por violar las normas de aislamiento social obligatorio impuestas con motivo de la pandemia de COVID.
Persecución política
En los “perfilamientos” que realizaba la asociación ilícita se encontraron afirmaciones como:
- “Hasta el momento no hemos encontrado alguna pertenencia partidaria de (se reserva el nombre de la víctima)”.
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“No está claro si obedece a una suerte de ascenso en su carrera como funcionario o al intento de darle más protagonismo en el área metropolitana de Santa Fe a los fines que pueda convertirse en una alternativa dentro del menú de candidatos”.
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“Es objeto de este informe presentar la trayectoria política de (se reserva el nombre de la víctima)”.
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“En su extensa trayectoria política, (se reserva el nombre de la víctima) ha mostrado ser hábil en su relación con el periodismo de la ciudad de Santa Fe. Tal es así que se ha sabido promocionar como una referencia y fuente de consulta en materia de seguridad pública”.
Gastos reservados
De la investigación realizada por Delitos Complejos también se desprende que “el jefe de la asociación ilícita, la organizadora de iniciales NS y un miembro de iniciales DAR sustraían para ellos dinero de partidas de gastos reservados destinados a la Agencia de Control Policial”.
“Alrededor del 20 de cada mes, dos personas retiraban del banco el dinero asignado a la partida de gastos reservados, y luego se la repartían entre los tres imputados”, se informó en la audiencia.
Destrucción de documentos
La Fiscalía también hizo hincapié en “la limpieza” que realizaban los imputados para encubrir su propia actividad ilícita. En el Ministerio de Seguridad, se concretó a partir de que los imputados supieron de la existencia de la denuncia penal que permitió el inicio de la investigación penal. “El exministro de Seguridad le informó al imputado de iniciales GM y a la imputada de iniciales NS que tenían ‘un par de días para cerrar todo’”, precisó la Fiscalía.
“Entre el 25 y el 26 de noviembre, cinco personas investigadas destruyeron sin autorización todos los documentos de la administración pública provincial que había en sus oficinas en el Ministerio de Seguridad y en el OI, resetearon teléfonos y borraron información de sus computadoras”, se afirmó.
De las evidencias se desprenden afirmaciones como “Acá ya limpié todo”; “Triturando papeles”; “ayer nos quedamos a la tarde y él terminó de romper lo de él”.
Bases de datos utilizadas
De acuerdo con lo especificado en la audiencia, las bases de datos más utilizadas por los imputados fueron: Sudamericadata; Nosis; Veraz; Migraciones; Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA); Registro Civil; sistema de legajos del MPA; Empresa Provincial de la Energía (EPE); Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS); ministerios de Salud y de Seguridad; Municipalidad de Rosario; multas de Rosario y de Santa Fe; CUITOnline; Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Registro Nacional de las Personas (ReNaPer); Dateas; Tribunal Electoral de la Provincia; denuncias efectuadas ante los centros territoriales de denuncia (CTD) de la provincia; Banco Central de la República Argentina (BCRA); Administración Provincial de Impuestos (API); Catastro de la Municipalidad de Rosario; Datacels; Sistema de Consultas Penales Unificadas; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; Guía del Foro del Colegio de Abogados de Rosario; Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe; Boletín Oficial de Santa Fe; Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe; Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe; Superintendencia de Servicios de Salud; Tribunal Municipal de Faltas de Rosario; Agencia Provincial de Seguridad Vial, ANSES, entre otras.
También recopilaban imágenes de las personas obtenidas de la base del ReNaPer, de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) de las víctimas y de los medios de comunicación.
Todas las claves necesarias para acceder a estas bases de datos fueron solicitadas a nombre o en representación del Ministerio de Seguridad de Santa Fe o del OI.
Delitos
Las calificaciones penales atribuidas a cada una de las ocho personas imputadas son las siguientes:
- MFS (hombre, 57 años, exministro de Seguridad de la provincia y exdirector del Organismo de Investigaciones): asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
NS (mujer, 46 años, exasistente técnica Nivel I del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control Institucional): asociación ilícita en carácter de organizadora; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; peculado; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionaria pública) y destrucción de documentos y elementos de prueba.
DVC (mujer, 46 años, exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones): asociación ilícita en carácter de organizadora; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba y violación de secretos.
EGM (hombre, 55 años, exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia): asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.
PAA (hombre, 35 años, exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia): asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.
DAR (hombre, 42 años, exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia): asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; peculado; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.
MB (mujer, 29 años, excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia): asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y violación de sellos calificada (por ser funcionaria pública abusando de sus funciones).
MAM (mujer, 38 años, contratada por el Ministerio de Seguridad dentro de la órbita de la Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Investigación Criminal): asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las leyes.
