Investigan si el ataque a los Tribunales Federales de Rosario sería de un nuevo ataque narco
La garita de seguridad situada en la puerta de los tribunales federales de Rosario fue baleada hoy por una persona que pasó caminando y, a cara descubierta, efectuó un disparo, lo que para el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, constituye “una crisis de seguridad extrema”.
El nuevo ataque armado contra un edificio judicial, ocurrido a las 3.20 de hoy, quedó registrado por las cámaras de vigilancia del lugar, atento a que el prefecto que estaba de guardia no se encontraba en la garita, informaron fuentes judiciales.
Pineda explicó hoy que el ataque fue detectado esta mañana y que, de acuerdo al registro de videovigilancia, el hecho ocurrió aproximadamente a las 3.30 cuando un peatón que caminaba por bulevar Oroño, entre San Luis y Rioja, disparó contra el edificio.
La bala impactó en el puesto de seguridad instalado en el ingreso a los tribunales, mientras el custodio, miembro de Prefectura Naval, se encontraba adentro del edificio.
Pineda destacó en declaraciones a Radio Dos de Rosario que “en todos los edificios de tribunales hay custodia, pero el número no es suficiente para controlar adentro y afuera».
“Estamos en una crisis de inseguridad extrema. Si no abordamos este tema de forma distinta y rompemos esta inercia, sobre cómo se plantea el Estado sobre la criminalidad compleja, entraremos en instancias peores”, aseguró el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que posee facultades de superintendencia sobre el edificio atacado.
“Ayer fue otro edificio, hoy fue el Tribunal Federal y mañana será peor”, abundó Pineda, para quien el hecho “tiene que llevar a la reflexión, no sólo a los gobiernos de turno, sino a todos actores institucionales de los poderes judicial y legislativo, del oficialismo y de la oposición”.
Así, el camarista sostuvo que “si no trabajamos entre todos en forma coordinada frente al crimen organizado, sin dudas estas bandas se van a constituir como actores sociales y vamos a perder todos”.
La investigación por el ataque armado quedó en manos del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, quien está en turno.
El principal elemento de la pesquisa lo constituye el video que captó el momento en que el agresor disparó contra la garita de seguridad.
Aún no se sabe si contaba con apoyo para movilizarse, puesto que en la filmación se lo ve a pie.
La balacera contra los Tribunales Federales de Rosario tiene como antecedentes decenas de ataques armados a edificios judiciales provinciales y al Concejo Municipal de esta ciudad.
Por hechos similares, ocurridos a lo largo de 90 días en 2018, en septiembre del año pasado fue condenado a 22 años de prisión Ariel “Guille” Cantero, jefe de una facción de “Los Monos”, quien junto a otras 6 personas fue encontrado responsable de varias balaceras a inmuebles del Poder Judicial.
El capo narco local y rival de “Los Monos”, Esteban Alvarado, fue condenado en junio pasado a prisión perpetua por homicidios, lavado de activo y asociación ilícita, y también por organizar ataques a tiros a edificios judiciales y a la vivienda particular de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Sobre el motivo del ataque, el camarista Pineda dijo hoy que “hay varias causas sensibles en estos tribunales, pero no podría identificar esto con alguna en particular”.
“No tuvimos amenazas, y el motivo surgirá después de la investigación”, agregó.
El hecho generó el repudio de organizaciones de jueces federales y provinciales y del gobierno santafesino.
La Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República de Argentina (AJUFE) repudió “enérgicamente el atentado perpetrado contra las instalaciones de la justicia federal de la ciudad de Rosario” y exigió “a las autoridades nacionales y provinciales que garanticen las condiciones de seguridad para ejercer la función judicial y protección de sus integrantes”.
La delegación sur del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe también condenó el ataque y sostuvo que “constituye una hecho de suma gravedad institucional, en tanto pretende interferir y comprometer el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado”.
El ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, afirmó por su parte que el ataque “fue un amedrentamiento por parte de bandas criminales hacia la Justicia, el Gobierno y la actuación de la policía”.
Además, consideró que “es un acto extorsivo, es una reacción al accionar de la policía” por parte de organizaciones criminales.
