Desbaratan dos organizaciones dedicadas al contrabando e importación de máquinas de medicina estética.
Las investigaciones comenzaron a raíz de denuncias donde señalaban la venta de depiladoras láser, que serían imitaciones de primeras marcas.
Agentes de la Policía Federal Argentina pertenecientes a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Córdoba desbarataron dos organizaciones delictivas dedicadas al contrabando e importación de máquinas de medicina estética que ingresaban al país por pasos no habilitados y sin la intervención de la ANMAT.
Las investigaciones comenzaron a raíz de dos denuncias realizadas ante la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba a cargo del Dr. Enrique Senestrari donde señalaban la venta de depiladoras láser, que serían imitaciones de primeras marcas del mercado y que las mismas ingresaban ilegalmente al país.
A raíz de ello los federales, de manera conjunta con Dirección General de Aduanas-AFIP, comenzaron una minuciosa investigación que permitió establecer que los investigados tenían su base de operaciones en el Área Metropolitana de Córdoba y que, desde el inicio de las actividades ilícitas, habrían comercializado cerca de 750 equipos por un valor superior a los 5 millones de dólares en equipamiento médico-estético.
Con las pruebas aportadas por los detectives, el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes ordenó 28 allanamientos simultáneos en las provincias de Córdoba y Buenos Aires donde se logró la detención de cinco hombres y el secuestro de 65 Máquinas de Depilación Láser carente de estampillado aduanero, 16 filtros de luces UV para equipos de estética, 7 equipos importados para reducción corporal y abrasión hídrica, un equipo de luz pulsada, un analizador facial, insumos para medicina, dos pistolas calibre .45, una pistola calibre .22, 3.600.000 de pesos argentinos, 40.800 dólares, 10 vehículos de los cuales uno posee dominio de la República del Paraguay, dos motovehículos, 16 notebooks, siete discos rígidos y 26 teléfonos celulares.
Los detenidos, todos argentinos mayores de edad, quedaron a disposición del juzgado interventor por infracción a la ley 22.415 (contrabando), falsificación de documentos públicos y delitos contra la salud.
