Prisión preventiva para seis policías de Rosario acusados de “fraguar” actas de detención
Fraguaban las actas de detención para favorecer a una banda delictiva a la que presuntamente protegían, informaron hoy fuentes judiciales, según la Fiscalía.
Un comisario y otros cinco efectivos de la Policía de Santa Fe, pertenecientes a la seccional 10° de Rosario, continuarán con prisión preventiva luego de haber sido detenidos como acusados de «fraguar» actas de detención para favorecer a una banda delictiva a la que presuntamente protegían, informaron fuentes judiciales.
Los acusados prestaban servicio en dicha comisaría del norte rosarino fueron imputados de los delitos de «cohecho, falsedad ideológica de documento público en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La fiscal Valeria Haurigot, que participó de la investigación junto a su colega Federico Rébola, dijo hoy a la prensa que en la seccional investigada «se beneficiaba a un grupo (narcocriminal) en detrimento de otro».
«(Lo sucedido) Es bastante fuerte como fiscales, porque tenemos que corroborar una desconfianza (hacia el personal policial) que está latente pero que uno no ve», agregó.
Según la investigación, el 21 de junio pasado, los oficiales involucrados apresaron a cuatro jóvenes y los trasladaron a la sede de esa comisaría. Posteriormente y raíz de una denuncia por amenazas y balaceras realizada en sede policial por dos chicas jóvenes, dos de ellos fueron liberados, mientras que los otros dos fueron imputados con prisión preventiva por 90 días.
Mientras que en una extensa audiencia, que terminó anoche a las 22.30 horas, el juez Carlos Leiva aceptó la acusación fiscal y dictó prisión preventiva por 90 días para los seis policías investigados, informaron fuentes judiciales.
Según explicó hoy la fiscal Haurigot en rueda de prensa, los policías detuvieron aquel 21 de junio a Tomás Agustín G. (19) y Andrés Adrián «Pancita» R. (22) como acusados de haber protagonizado una balacera en abril.
Los jóvenes fueron señalados por dos testigos como miembros de la banda de «Patri», un grupo dedicado al narcomenudeo en la zona norte de Rosario.
Sin embargo, unos días después, estos testigos se presentaron con abogados en la Fiscalía para confesar que habían mentido al señalar a los detenidos como los autores de la balacera.
Según fuentes del caso, una dijo que recibió 50 mil pesos y otro que cobró en drogas su testimonio, presuntamente falso.
A través de esos testimonios y de su cotejo con «evidencia objetiva», dijo Haurigot, junto a Rébola descubrieron que aparentemente el personal policial cubría a otro grupo narco con historia en esa zona, conocido como «Los Pimpis».
Se trata del desprendimiento de una banda narco que fue guiada por Emanuel «Pimpi» Sandoval, el único condenado por la balacera al domicilio particular del entonces gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, ocurrido en octubre de 2013.
Sandoval fue asesinado en octubre de 2019 mientras cumplía prisión domiciliaria en una vivienda alquilada a un juez, por un grupo que cortó la luz de la vivienda e ingresó a los tiros para matarlo.
Haurigot dijo que considera que los policías implicados «liberaban territorio» para que la banda competidora pudiera comercializar estupefacientes, y así detuvo sin pruebas a los dos jóvenes vinculados al grupo de «Patri».
«Se descartaba a unos en beneficio de otro grupo más poderoso, una especie de la ley de la selva pero utilizando medios formales», abundó la fiscal.
Si bien aún no lo tienen probado, los fiscales consideran que los policías percibían un pago ilegal para ello.
En la audiencia de anoche, Rébola sostuvo que «dicha maniobra criminal fue concretada a cambio de dinero que la banda de ‘Los Pimpis’ entregaba regularmente a la comisaría 10ma, siendo ésta la única explicación lógica por la cual funcionarios públicos pudieron haber hecho eso».
Además del comisario Gerardo Malpassi, fueron imputados el subcomisario Sebastián Ojeda; los oficiales Walter Graf; Juan Pablo Sosa; Héctor Mario Dalla; y la suboficial Natalia Sánchez.
